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Lejos de Cataluña

Euskadi no debería sentirse concernida más de lo razonable por la crisis catalana y ser consciente de los logros obtenidos al recuperar la entente PNV-PSE y por los pactos PNV-PP

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Lunes, 23 de octubre 2017, 01:30

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El desarrollo de los acontecimientos en Cataluña despierta, en Euskadi, más inquietud por los efectos inmediatos de una autonomía desnortada que simpatías hacia la incierta promesa de un futuro mejor con la independencia. El contraste ha sido evidente en los últimos años. La salida de la negra noche del terrorismo hizo que la sociedad vasca y su representación política se mostraran más que renuentes a explorar vías de desconexión respecto al Estado constitucional, cuando la Generalitat nacionalista se alineó con las tesis de una república propia de inmediato. Como si se intercambiaran los papeles, el nacionalismo vasco se ‘catalanizó’ en la búsqueda pragmática de acuerdos tangibles con el Gobierno central, mientras que el catalanismo nacionalista viraba casi todo él a favor de la independencia. Hoy solo unos cuantos están deseosos, en Euskadi, de acabar contagiados por la efervescencia independentista catalana. Solo unos cuantos admiran las movilizaciones secesionistas allí, por encima de los logros obtenidos en el País Vasco al recuperar la entente PNV-PSE y al abrirse el Gobierno de Urkullu y el partido de Ortuzar al entendimiento con el Ejecutivo del PP y con los populares vascos. Pero la mejora de nuestro autogobierno discurre por otra vía; la de la novación constante del pacto fundacional de Euskadi como comunidad política. Lo paradójico es que el País Vasco está, en el marco de sus competencias, infinitamente más cerca de constituir eso que el independentismo catalán describe como república propia; mientras que el secesionismo en Cataluña está a punto de ver que los poderes centrales del Estado se hacen cargo de la Generalitat. No se trata de una diferencia de estilo o de táctica. Los dirigentes actuales de cada comunidad han optado por caminos divergentes, evaluables en términos de pérdidas y de ganancias. Pero la diferencia ha de ir a más desde el momento en que la crisis catalana cuestiona las previsiones de crecimiento en España, y en tanto que la discusión sobre el 155 y su desarrollo pone en entredicho la tramitación de los presupuestos generales para 2018. Euskadi no debería sentirse concernida más de lo razonable por lo que ocurra con Cataluña. Por eso sería deseable que el PNV contemplara la tramitación de las cuentas públicas para 2018 obviando sus discrepancias respecto a la aplicación del 155 de la Constitución. No sea que Cataluña actúe como una pieza de dominó capaz de echar abajo la estabilidad en el país.

Elecciones sin más

El único recurso que le queda al presidente Puigdemont ante la tramitación del 155 en el Senado es salir al paso de su propia sustitución y la del Ejecutivo que preside por quienes designe Rajoy mediante la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de nuevas elecciones. Eso o hacer frente al Estado constitucional con actuaciones de resistencia que pasarían a formar parte de las previsiones contempladas en la legislación penal. A no ser que el independentismo gobernante desista de todas sus pretensiones, y opte por admitir que el autogobierno de los catalanes sea gestionado desde Madrid. Desde el momento en que la convocatoria electoral se presenta como objetivo principal de la aplicación del 155, el independentismo reacciona en contra de tal supuesto. Sin embargo, la disolución de la Cámara autonómica y su inmediata renovación constituyen la única oportunidad para que Puigdemont y el gobierno de la Generalitat se hagan valer en un plazo tan ajustado, antes del 27 de octubre. Por incierto que sea su resultado, es la única salida para atemperar Cataluña.

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