Lecciones del conflicto de El Prat

Los concursos públicos priman el precio de la prestación del servicio, lo que lleva a regatear el salario de quienes trabajan en él

EL CORREO

Los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat, pertenecientes a la empresa Eulen, rechazaron el acuerdo propuesto por la Generalitat y votaron por una contraoferta que implica mayor subida salarial. Por tanto, el conflicto se alarga y se mantienen los paros parciales. Y aunque la solución llegue en el último momento, la situación, que ya se ha contagiado a Galicia, debe servir de lección, puesto que es patente que lo sucedido proviene del sistema de contratación. El 51% del capital de AENA es público, lo que obliga a la compañía aeroportuaria a ajustarse a los sistemas de contratación establecidos por la ley en estos casos. En efecto, AENA adjudicó el contrato a través de un concurso público -en realidad, un concurso-subasta- en el que se cumplieron todos los requisitos que marca la ley y en el que la oferta económica era decisiva. Además, Eulen presentó un precio ligeramente inferior, del orden del 2%, al que había propuesto Prosegur, la anterior adjudicataria que conocía bien los costes del contrato.

Sin embargo, este sistema de subasta es perverso, porque al ser el precio de la prestación determinante, se obliga a reducir al máximo tolerable el servicio y a regatear todo lo posible el salario de los trabajadores que van a implementarlo. Lo lógico y racional es que, en casos como este, predomine la figura del concurso sobre la subasta, de modo que el precio no sea decisivo y primen las condiciones en que se ofrecerá el servicio. Es, además, razonable realizar una preselección e invitar a las empresas que acrediten capacidad y experiencia. De este modo, la administración puede lograr la calidad que requiere, sin presionar a la baja sobre los salarios. Lógicamente, la subasta pura es la que mejor control permite, y ello no es baladí en épocas de corrupción frecuente, pero el concurso, con baremos claros y adjudicación transparente, no tiene por qué arrojar sospechas. En EE UU la subasta ha sido erradicada, por ejemplo, en la adjudicación de proyectos de obras públicas, de cuya calidad depende la ejecución feliz de grandes infraestructuras. En todo caso, la conflictividad laboral desencadenada por los trabajadores de El Prat, con una exorbitante capacidad de presión, recuerda la necesidad de una ley de huelga que marque los límites exactos de este derecho constitucional, que debería ejercerse en el marco de una más abierta negociación colectiva.

Calendario migratorio

La muerte por ahogamiento de un migrante abandonado a su suerte por traficantes en moto náutica donde no podía hacer pie y la imagen de un numeroso grupo de personas arribando a la playa gaditana de Zahara de los Atunes en patera son dos de las noticias que reflejan la imparable afluencia irregular de subsaharianos y magrebíes a la frontera más meridional de Europa. La decisión del Gobierno de cerrar el paso por El Tarajal a vehículos con mercancías y a porteadoras hasta el 16 de agosto no es mucho más que una muestra de impotencia, cuando responde a la necesidad de encomendar a los funcionarios dedicados al control de ese tráfico la vigilancia de otros puntos de la frontera. Agosto no solo ha cogido en precario a las dotaciones de policías y guardias civiles destinados en Ceuta. Todo parece indicar que también ha pillado desprevenido al Ministerio del Interior y al Gobierno. Es increíble que los organizadores de los asaltos a la frontera y las mafias que explotan la desesperación tuvieran tan claro el calendario sin que los responsables de contener la avalancha se adelantaran a sus planes.

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