Justos y pecadores

El PNV fuerza un debate en el Congreso sobre la reforma de la ley que limita el gasto a los ayuntamientos saneados

Justos y pecadores
EL CORREO

El PNV, el partido al que fía Rajoy la aprobación de los Presupuestos del Estado para el próximo año, marca ahora distancias con el Gobierno central, cuya precariedad parlamentaria limita al máximo su capacidad para sacar adelante cualquier proyecto. Los decisivos votos de los nacionalistas vascos propinarán hoy un varapalo al Ejecutivo del PP. Un revés que, de no ser encauzado a tiempo, podría amenazar el cumplimiento del déficit impuesto por la UE, y forzar nuevos y severos ajustes en el gasto público. Los ayuntamientos con cuentas saneadas podrán reinvertir su superávit sin las limitaciones que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria si sale adelante la reforma de esta norma que propone Unidos Podemos. Salvo sorpresa de última hora, el pleno del Congreso aceptará hoy tramitar una iniciativa en ese sentido gracias al apoyo de los jeltzales. El Estado ha cuadrado sus cuentas a martillazos gracias al superávit de los municipios, que compensa los abultados ‘números rojos’ de las demás administraciones y permite a España no superar el listón del déficit establecido por Bruselas. Es comprensible que los ayuntamientos con una mayor solvencia financiera quieran encauzar el máximo de sus recursos disponibles hacia la mejora de los servicios que prestan a sus vecinos. Y, por tanto, que deseen librarse del yugo que les impone la denominada ‘regla de gasto’, con la que ven reducido su margen de maniobra y, al final, pagan justos (gestores eficaces) por pecadores (manirrotos). El problema es que esa actuación rompería los equilibrios en los que se basan, hoy por hoy, las precarias cuentas del Estado. Si desaparecieran los más de 6.800 millones de superávit de las corporaciones locales, el Gobierno debería aplicar recortes por idéntica cuantía... o incumplir de nuevo el techo de déficit fijado por la UE y asumir las consecuencias. El PP y Ciudadanos se quedaron ayer solos en la defensa de la ‘regla de gasto’. La iniciativa de Unidos Podemos -que el Gobierno no vetó a tiempo en su día, pudiendo hacerlo, por un injustificable despiste parlamentario- cuestiona la reforma exprés de la Constitución aprobada en septiembre de 2011 para incluir el compromiso de estabilidad presupuestaria cuando España estaba al borde del rescate. El Ejecutivo, cuya debilidad vuelve a quedar de manifiesto, pone en duda que, con la regulación europea en la mano, sea aplicable aunque se apruebe tras una tramitación en la que podría registrar sustanciales modificaciones.

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