Justicia en Alsasua

- Editorial -

La brutal agresión a dos guardias civiles y sus parejas quizás no sea terrorismo, pero su gravedad es muy superior a la de una mera trifulca de bar

Un contador situado delante del Ayuntamiento recuerda los días que han transcurrido desde que se produjeron las detenciones. /Jesús M. Garzarón
Un contador situado delante del Ayuntamiento recuerda los días que han transcurrido desde que se produjeron las detenciones. / Jesús M. Garzarón
ELCORREO

Durante los largos años del terrorismo, el entorno de ETA se acostumbró a imponer su ley en los espacios públicos de pequeños municipios bajo su control, sometidos a una asfixiante atmósfera en la que el miedo ahogaba cualquier voz disonante con el abertzalismo más radical. Algunas de sus prácticas, propias del matonismo, han sobrevivido en determinados círculos pese al cese de la violencia decretado por la banda. La Audiencia Nacional juzga desde hoy a los ocho procesados por agredir salvajemente a dos guardias civiles y a sus respectivas parejas en un bar de Alsasua en octubre de 2016. Los agentes, un teniente y un sargento vestidos de paisano, recibieron una brutal paliza tras ser identificados por un grupo de radicales en una localidad en la que desde hace décadas es moneda de curso común el acoso a las Fuerzas de Seguridad del Estado por parte de ETA y sus compinches para forzar su salida. La calificación de los hechos como presuntos delitos de terrorismo, agravados en la última reforma del Código Penal, enfrenta a los encausados a peticiones de hasta 62 años de cárcel por parte de la Fiscalía.

Esa tipificación puede resultar discutible y desproporcionada la solicitud de pena que conlleva, aunque deberá ser el tribunal el que se pronuncie al respecto tras valorar las argumentaciones y las pruebas que se presenten en la vista oral. También que tres de los procesados lleven un año y medio en prisión provisional. Pero está absolutamente fuera de lugar el descarado intento de explotar esa elevada petición, por muy cuestionable que sea, para banalizar la gravedad de unos actos que, aunque no fueran preparados con antelación, se desarrollaron con la plena consciencia de quienes participaron en ellos y merecen un castigo penal. Miles de personas se manifestaron el sábado en Pamplona en solidaridad con los encausados. Su demanda de «justicia» no puede ser más razonable siempre que no pretenda obviar lo intolerable de un proceder que nos retrotrae a tiempos muy oscuros. Limitar la paliza propinada a dos guardias civiles, por su condición de tales, y sus parejas a una simple trifulca nocturna como las que se repiten cada fin de semana en cualquier municipio atenta contra el sentido común y contradice el desarrollo de los hechos, aunque sea comprensible como estrategia de defensa. La falta de empatía de los acusados y de su entorno político con los agredidos demuestra el largo trecho que aún tiene por recorrer la izquierda abertzale para hacer creíble su discurso de convivencia y normalización.

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