Juicio abierto

El argumento de que los años de prisión solicitados para De Miguel y sus allegados son excesivos no puede convertirse en un discurso partidario de exoneración

Juicio abierto
EL CORREO

El mayor proceso contra una presunta trama de corrupción institucional en Euskadi se inicia hoy en la Audiencia de Vitoria, sentando en el banquillo de los acusados a 26 personas vinculadas en su día al PNV, para cuyo máximo responsable -el exdirigente jeltzale Alfredo de Miguel- la fiscalía solicita 54 años de prisión. La cuantía de las penas que están en juego en el juicio oral ha centrado la atención, especialmente, de distintos responsables del partido, cuyo entonces presidente -Iñigo Urkullu- reclamó y logró la renuncia de los afiliados imputados en la causa. La dilación del procedimiento, que se abrió a finales de 2009 con la denuncia de una petición de comisión a la empresa adjudicataria de la ampliación del parque tecnológico de Miñano por parte del entonces diputado foral de Álava, Alfredo de Miguel, ha sido también objeto de críticas. Pero lo llamativo del caso está en la descripción de una red comisionista urdida, al parecer, en torno a la influencia institucional de una serie de personas que militaban en el PNV y que, también al parecer, pretendían obtener un lucro personal ilícito. La presunción de inocencia acoge a los encausados en el sistema de garantías, a la espera de que sus posibles responsabilidades sean depuradas con arreglo a la Ley. Pero quienes apelan a tal principio constitucional debieran, por eso mismo, abstenerse de extender dudas o sospechas respecto al proceder de la fiscalía y de la instrucción judicial del caso. Es sabido que los procedimientos por corrupción institucional se dilatan porque aquellos que pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos eluden hacerlo, sometiendo a la Justicia a un desafío continuado para la obtención de pruebas solventes. Junto al principio de presunción de inocencia, prima el criterio básico de que es a la acusación a la que corresponde probar la culpabilidad de los imputados o investigados. Los partidos políticos que se ven concernidos por el señalamiento de un supuesto caso de corrupción siguen, por lo general, un mismo patrón: se desentienden formalmente de la suerte de los encausados, retirándoles el carnet de partido, mientras evitan acusarles y tratan de preservar su buen nombre. El juicio que hoy comienza se prolongará durante 2018. El argumento de que los presuntos ilícitos enjuiciados no fueron tan graves como para solicitar tantos años de cárcel en ningún caso debiera convertirse en un discurso partidario de exoneración.

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