A la cárcel por presunta sedición

La orden de ingreso en prisión de los líderes de la ANC y Òmnium provoca el cierre de filas del independentismo

EL CORREO

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó anoche el ingreso en prisión sin fianza de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural tras interrogarles por un presunto delito de sedición. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los dos primeros encarcelados por el ‘procés’, promovieron y dirigieron, según la magistrada, el asedio a la Guardia Civil en los registros a sedes de la Generalitat el 20 y 21 de septiembre para intentar impedir el referéndum ilegal. Unas movilizaciones en las que «apelaron a la resistencia» y cuyo objetivo era «impedir la aplicación de la ley», explica el auto judicial. La decisión de la jueza contra dos de los principales emblemas del movimiento secesionista, que han empujado a la Generalitat a su órdago al Estado, se inscribe en el funcionamiento del Poder Judicial en un Estado de Derecho y, como tal, es recurrible ante las instancias oportunas. Pero, con toda seguridad, tendrá repercusiones políticas, por ahora de imprevisibles consecuencias. La primera de ellas fue el cierre de filas, anoche, contra esa medida de todas las fuerzas que abanderan el independentismo, y las críticas del PSC. El jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que también fue interrogado en la Audiencia Nacional, quedó en libertad, aunque con medidas cautelares. Horas antes, el presidente de la Generalitat quiso sortear el requerimiento de Mariano Rajoy con una carta en la que no despejaba la incógnita sobre si había declarado o no la independencia de Cataluña el martes de la semana pasada en el Parlamento autonómico y ofrecía un plazo de dos meses para dar cauce al «diálogo, la negociación y el acuerdo». Su respuesta fue la esperada porque ni él mismo sabe con exactitud qué quiso decir con la alambicada fórmula de «la suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre». Con su carta de ayer trató de reivindicar para sí las palabras conciliadoras que se han oído en el ámbito internacional respecto a la situación en Cataluña, mientras intentaba salvar la cuestionada unidad del independentismo.

«Restaurar la legalidad»

Pero los gobernantes de la Generalitat no pueden continuar fijando la agenda del país según sus términos y sus tiempos, a cuenta del principio de legalidad y del de pluralismo político. De ahí que el presidente del Gobierno, en su réplica a la misiva de Carles Puigdemont, advirtiera de que la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución «no implica la supresión del autogobierno -como afirmaba este último-, sino la restauración de la legalidad en la autonomía». El autogobierno de cualquier comunidad -también de la catalana- consiste en la asunción de competencias y atribuciones tasadas, en su desarrollo y ampliación, pero nunca en la utilización de la autonomía como plataforma para desbordar el marco constitucional y estatutario dejando de lado o vulnerando la ley. El diálogo ofrecido por Puigdemont ganaría credibilidad si, por ejemplo, fuese acompañado de la derogación de las leyes del Referéndum y de la Transitoriedad suspendidas por el Constitucional; y si, además de ello, el Govern dejara de referirse al referéndum del 1 de octubre como argumento de autoridad para proclamar la independencia. Puigdemont, Junqueras y los demás responsables de Cataluña no pueden simular una y otra vez que son ellos los dialogantes frente a la cerrazón de los demás. La discusión al respecto no tiene cabida después de las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre.

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