Jóvenes devaluados

La mitad de toda una generación no puede afrontar proyectos de vida autónoma

Los jóvenes de entre 18 y 30 años en España padecen, al mismo tiempo, la crudeza de unos índices de paro rayanos en la exclusión y la precarización de las condiciones laborales y salariales para aquellos que encuentran trabajo. La crisis envió al paro a dos millones y medio de personas jóvenes, y la recuperación ha devuelto al trabajo solo a 160.000. El número de puestos de trabajo ocupados por los jóvenes se ha visto reducido a la mitad de los que disponían hace diez años, a lo que se añade la depreciación de su reconocimiento y de sus remuneraciones. A grandes rasgos, aquellos jóvenes que abandonan tempranamente los estudios o no adquieren una formación mínimamente cualificada se encuentran con muy serias dificultades de integrarse en el mercado de trabajo, y aquellos otros que han culminado un itinerario formativo apreciable se ven obligados a armarse de paciencia para emprender una carrera profesional acorde a sus capacidades mientras sortean con dificultad varios años de incertidumbre. El problema no solo concierne a los afectados, sino que interpela a las instituciones y a la sociedad en general, comenzando por los empleadores. Las tasas de paro y de empleo precario entre los jóvenes comprometen el futuro de la mitad de toda una generación; de quienes hoy no están en condiciones de asegurarse un proyecto de vida autónomo, por lo que tampoco pueden asumir el relevo natural en la segunda población más longeva del mundo, ni contribuir sustancialmente al mantenimiento de las pensiones de sus mayores. España ha pasado en muy poco tiempo de ver cómo en la década anterior a la crisis muchos jóvenes se incorporaban al mundo del trabajo rehusando continuar con los estudios para procurarse unos ingresos dignos a ver cómo el desánimo cunde en la doble perspectiva de la formación y del empleo. Porque no se ven incentivados ni para estudiar ni para buscar trabajo. No se trata de extender un manto paternalista sobre chicas y chicos que parecen resistirse al tránsito hacia la edad adulta. Pero tampoco de imputar a una supuesta indolencia generacional una responsabilidad que es colectiva, que señala a las familias y al sistema educativo, y también a las empresas y a los poderes públicos.

Explicarlo todo

El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno Puigdemont, Jordi Turull, anunció ayer la presentación de una denuncia contra los guardias civiles que procedieron al interrogatorio de tres altos cargos de la Generalitat -Joaquim Nin, Jaume Clotet y Jordi Graells- por su relación con la organización del referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre. Los agentes actuaron, al parecer, como policía judicial. Aunque persiste la incógnita sobre si las citaciones obedecían o no a indicaciones precisas del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, o respondían a una encomienda judicial más genérica. La decisión que adopte el juzgado asignado para tramitar la denuncia, de admitirla o no, permitirá considerar la pertinencia o la temeridad de la iniciativa. Pero sería de desear que cuantas decisiones y acciones se produzcan por parte de los poderes públicos y de sus servidores en torno al desafío que representa la convocatoria de un referéndum ilegal sean explicadas con el máximo de transparencia posible en cuanto a las razones y a los fundamentos jurídicos que las impulsen. Aunque sea para evitar que la sinrazón secesionista se aproveche del más mínimo desliz u omisión en el funcionamiento del Estado de Derecho.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos