Intervención responsable

Sólo la victoria del independetismo podría prorrogar la aplicación del 155 tras el 21-D

Intervención responsable
EL CORREO

El pasado 27 de octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña, concediendo al Gobierno central la posibilidad de hacer suyas las responsabilidades de la Generalitat. El resultado inmediato fue el cese del presidente, del vicepresidente y de los consejeros del Ejecutivo autonómico, y de algunos cargos de designación. El 155 ha dado lugar a una administración autonómica en Cataluña cuyos máximos responsables son los de los ministerios correspondientes, manteniendo toda la estructura operativa de cada departamento de la Generalitat, lo que asegura la continuidad de su tarea ordinaria. Aunque ello significa también que prima el pago de los gastos corrientes, mientras tienden a posponerse o congelarse los proyectos de gobierno que albergaba el Ejecutivo de Puigdemont que, por otra parte, tampoco contaban con una previsión presupuestaria sostenible. En términos generales, la intervención sobre la autonomía catalana no ha generado contratiempos en cuanto a las obligaciones de la Generalitat hacia los ciudadanos; al margen de las discrepancias políticas que suscita, y que han tenido en la exclusión del PSC del gobierno de Barcelona su peor noticia por decisión de Ada Colau. Los prolegómenos de la campaña del 21-D atestiguan que el 155 no está dando materia concreta para su denuncia partidaria por parte del independentismo. La acción del Gobierno Rajoy se atiene a una utilización proporcionada y responsable de las medidas acordadas en el Senado. Teniendo en cuenta que la suerte penal de los consejeros cesados discurre por la vía judicial, al margen de la aplicación del 155 en la que se ven comprometidos el poder legislativo y el ejecutivo. Además, la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre limita la vigencia del 155 hasta que el Parlamento surgido de los nuevos comicios proceda a designar el próximo presidente de la Generalitat. Claro que las declaraciones de Carles Puigdemont, abogando por que los catalanes se pronuncien sobre la continuidad o no de su comunidad autónoma en la Unión Europea -que el presidente cesado y autoexiliado de la Generalitat tacha de «club de países decadentes y obsolescentes»- acrecientan la hipótesis de que si el independentismo vuelve a alcanzar la mayoría del Parlamento autonómico la aplicación del 155 sería prorrogada. Incógnita que explica la incertidumbre en que viven las empresas que continúan radicadas en Cataluña.

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