Más que insumisos

El Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante los alcaldesque ejerzan y fomenten la ilegalidad

EL CORREO

La instrucción de la Fiscalía General del Estado a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, para que determinen si la actuación de los 712 alcaldes incluidos en la lista de la Asociación de Municipios por la Independencia pudiera ser delictiva es la réplica que el Estado de Derecho está obligado a dar. Sobre todo cuando se presume que hay funcionarios públicos que colaboran en la organización de una consulta ilegal, ya suspendida en sentencia del Tribunal Constitucional. Los delitos en los que podrían incurrir aquellos alcaldes que pretendan participar en la celebración del referéndum son los de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Aunque, más allá de la responsabilidad legal que conlleva ese tipo de conducta, resulta especialmente censurable que haya cargos públicos no solo dispuestos a vulnerar la legalidad sino a presentarse como víctimas de las medidas que de forma eventual se adopten contra ellos. El manifiesto de los regidores del PSC contra la «hiperexcitación» independentista, en línea con el reproche que la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, dirigió a Puigdemont -«A ver si dejáis tranquilos a los alcaldes»- reclama en el fondo algo tan básico como que las instituciones se dediquen a la defensa del interés común. Unas instituciones que no se deben dejar llevar por opciones políticas que, aun siendo legítimas en origen, pierden su legitimidad cuando pretenden desbordar los cauces legales. Las declaraciones de portavoces de la CUP, en las que anuncian que sus alcaldes no se personarán ante la fiscalía si son requeridos a ello, pueden conllevar su detención -a tenor de las instrucciones de la Fiscalía General-. Probablemente ese sea el objetivo más apetecido por la formación minoritaria que está determinando el rumbo del ‘proceso’. Pero si las instrucciones de la Fiscalía General no disuaden a todos los alcaldes independentistas de contribuir con los recursos públicos que gestionan a la celebración simulada de un referéndum, el Estado de Derecho tampoco puede permanecer impasible, bajo el argumento de que sería mejor pasar por alto el asunto de los alcaldes que ejerzan y fomenten la ilegalidad. El propósito de estos de concentrarse el sábado en la plaza Sant Jaume de Barcelona en pro de la consulta ilegal del 1 de octubrey en contra de las diligencias abiertas por la Fiscalía no debería servir para encrespar los ánimos rupturistas.

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