Independencia o autonómicas

Es improbable que el Gobierno Rajoy y la judicatura reduzcan su presión sobre el secesionismo mientras éste continúe intentando desbordar la legalidad

KEPA AULESTIA

La naturaleza reactiva del independentismo catalán le concede la apariencia de un magma compacto cuando sube la tensión respecto al Estado constitucional. El cierre de filas que se ha producido en las últimas semanas responde también al vértigo experimentado por los promotores del referéndum secesionista a medida que se acercaba el día fijado para la consulta. La comunión rupturista se ha hecho más patente cuando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional ha derivado en un auto judicial de detención de responsables de la Generalitat y en el registro de sedes de la autoridad autonómica. De pronto, las diferencias de matiz y de intereses entre el PDeCat, ERC y la CUP, también respecto a la ANC u Òmnium y viceversa, se han volatilizado. El temor a que la mínima fisura entre ellos acabara agrietando el edificio de la Transitoriedad antes incluso de poner sus cimientos ha amordazado cualquier disidencia. La previa depuración de algunos elementos sospechosos de contemporizar con la legalidad vigente ha contribuido a ello.

Es improbable que el Gobierno Rajoy, en lo que toca al ámbito de las decisiones políticas, y la judicatura, en lo que corresponda a sus requerimientos e investigaciones, reduzcan la presión sobre el independentismo gobernante y el no gobernante mientras estos prosigan en su intento de desbordar la Ley. La insistencia de los máximos responsables de la Generalitat en presentar el control ejercido sobre las cuentas autonómicas por parte del Gobierno central como la suspensión de facto del autogobierno catalán responde sin duda a la dramatización de una crisis sin precedentes desde el restablecimiento de la democracia. Dramatización que sitúa al magma independentista en la ficción de que Cataluña parte desde cero para alcanzar la república frente a la recentralización del Estado. La ficción de que la Generalitat no es más que un recipiente vacío de contenido que el pueblo catalán deberá llenar sin atenerse a las normas establecidas por España.

La ANC y Òmnium se han convertido en un soporte alternativo para sortear el vacío institucional hacia la ruptura buscada

En tales condiciones es previsible que el magma independentista continúe mostrando una aparente cohesión, mientras el control del Gobierno central sobre la ejecución presupuestaria obliga a la Generalitat a ceñirse a la ruta autonómica. La situación resulta contradictoria desde el momento en que la intervención de Montoro limita al máximo las posibilidades de dar cauce a la independencia por la vía de los hechos. El Parlamento autonómico podría declarar unilateralmente la independencia con la misma mayoría con la que aprobó la ley del referéndum y la de la transitoriedad, ambas suspendidas. Pero del mismo modo que la Generalitat se ha quedado sin los medios dispuestos para la organización de la consulta, confiscados por orden judicial, tampoco podrá aportar dotación material alguna para el establecimiento de una república catalana independiente. A no ser que ésta se visualice a través de la movilización permanente de los secesionistas.

El independentismo gobernante y el no gobernante se congratulan de que la eclosión secesionista en Cataluña es consecuencia de un clamor popular al que los partidos nacionalistas y las instituciones controladas por ellos tuvieron que adecuarse entre 2010 y 2012. Esta versión de los acontecimientos como resultado de un movimiento civil espontáneo es más interesada que real, puesto que fue el alineamiento del postpujolismo con las tesis secesionistas lo que finalmente convirtió la independencia en la opción inmediata de poco menos que la mitad de los catalanes. Pero al abonar la iniciativa civil de organizaciones como ANC y Òmnium -que en realidad intervienen a cada segundo en política- el independentismo institucional se ha dotado de un soporte alternativo para sortear este momento de vacío o impasse entre la ruptura buscada y el control central sobre las finanzas de la Generalitat. Situación que, en cualquier caso, obliga a Puigdemont y a Junqueras a decidirse entre una declaración de independencia sin efectos que, cuando menos, evite nuevas elecciones autonómicas, y una convocatoria electoral que acabe generando fisuras en el magma secesionista incluso antes de que se disuelva el Parlamento.

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