Ilegalidad atrincherada

JAVIER ZARZALEJOS

El primer efecto de la declaración de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña ha sido el de provocar la controversia sobre lo que realmente había dicho. Declaración suspendida, no declaración, declaración suspendida pero sin declaración previa que suspender. Una controversia que tiene bastante de artificiosa porque de lo que no hay duda es que Puigdemont, al menos, ha hecho cuatro cosas. La primera, promover un pleno contra la prohibición expresa del Tribunal Constitucional de dar continuidad a la actividad parlamentaria del proceso independentista. La segunda, otorgar validez a los resultados de un sedicente ‘referéndum’ inconstitucional. La tercera, insistir en la vigencia de la legislación para la secesión aprobada ignominiosamente por la mayoría independentista del Parlamento catalán el 6 y el 7 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional. Y la cuarta, derivar de esos resultados y de esa legislación la entrada en vigor de las previsiones de ‘ley de transitoriedad’ haciendo de Cataluña un Estado independiente en forma de república.

Como quien puede lo más, puede lo menos, el que se cree capacitado para declarar la independencia puede acordar la suspensión de sus efectos. Una suspensión condicionada -una condición suspensiva- que hace depender la eficacia de la declaración de una negociación con el Estado bajo auspicio internacional sobre el cómo, no el qué de la independencia.

El proceso independentista continúa. La concertación nacionalista ha sufrido tensiones pero la CUP no ha roto, ni Puigdemont ni Junqueras han roto con la CUP que puede mantenerse en el delirio recordando aquello de ‘reculer pour mieux sauter’. Ahora lo que Puigdemont espera es hacer caja con la suspensión, intentar que la presión se vuelva sobre el Gobierno y que el ‘gesto’ de suspender los efectos de la independencia habilite a gobiernos extranjeros, organizaciones, medios de comunicación, dirigentes económicos y aliados internos a pedir que negocie. La industria de la mediación, esa que une lucro y buenismo, ve nuevas oportunidades en Cataluña. Tal vez sea mucho pedir -hasta para Puigdemont- que el Estado negocie los términos que permitan a los secesionistas romperlo con comodidad. Pero no así pujar por el llamado «referéndum pactado» de autodeterminación que puede ser visto como una reivindicación razonable incluso por aquellos que nunca lo autorizarían en su país, que son la inmensa mayoría. Ese parece ser el objetivo político que el nacionalismo puede creer alcanzable.

Las columnas (políticas) del independentismo se han dado un tiempo. Han tenido que detener su avance porque el discurso del Rey, la fuga empresarial y la manifestación del domingo en Barcelona les han cortado las líneas de suministro. Y ahora Puigdemont y Junqueras han decidido atrincherar sus fuerzas aun a sabiendas de que la CUP lo aceptaría a regañadientes.

El problema es que ese atrincheramiento lo es en la ilegalidad, sin negociación viable ni por los temas que presuntamente habría que negociar ni por los interlocutores, descalificados por su actuación materialmente sediciosa. Eso de «volver a la legalidad» no deja de ser una imagen engañosa porque la ilegalidad no es una puerta giratoria por la que se entra y se sale a voluntad y sin consecuencias. Y eso es especialmente pertinente recordarlo porque el Gobierno ha insistido siempre en la respuesta jurídica al desafío secesionista. Naturalmente que las cosas hayan llegado hasta este punto afecta también al margen de actuación y a los costes de la gestión de esta crisis por parte del Gobierno. Costes políticos evidentes ante un sector amplio del electorado que entiende cada vez más difícilmente la brecha entre la gravedad de lo que el Gobierno dice que está pasando en Cataluña y la respuesta que está recibiendo por parte del Ejecutivo.

La decisión del Gobierno de requerir a Puigdemont para que aclare si ha declarado o no la independencia tiene mucho de maniobra evasiva que responde a lo esencial de la reacción del Partido Socialista tras el pleno de anteayer, cuando su portavoz, José Luis Ábalos, renunció a valorar lo dicho por el presidente de la Generalidad porque decía no saber qué había declarado. Sería forzar mucho la interpretación decir que el requerimiento acordado por el Gobierno activa el artículo 155 de la Constitución porque lo que ese artículo contempla no es un requerimiento para que el presidente de la Comunidad Autónoma diga, sino para que haga o deje de hacer. Si se limita a lo anunciado por Rajoy, el requerimiento no activa el 155 y se corre el peligro de que un procedimiento constitucional de la trascendencia de este, se convierta en un intercambio epistolar en el que sus redactores compitan en formulaciones supuestamente astutas. El Gobierno, con riesgos añadidos para su credibilidad, ha dado carta de naturaleza a esta controversia artificial sobre lo que dijo Puigdemont. Dudas que, por ejemplo, no comparten las tres asociaciones de fiscales -incluida la Unión Progresista- que, poco después del pleno del Parlamento catalán, hacían público un comunicado en el que sin sombra de ambigüedad constataban la consumación «de un golpe al Estado de Derecho y al régimen de libertades de todos los ciudadanos, fracturando el orden constitucional básico para una pacífica convivencia». El acuerdo con el PSOE para promover la reforma constitucional no es en absoluto un alivio sino un compromiso que pesa desde hoy sobre Rajoy y el PP. Lo que puede parecer a algunos un hábil movimiento táctico esconde riesgos poco aconsejables ante una crisis institucional y de legalidad de la gravedad de la que se ha generado en una Cataluña a la que no se le puede dejar instalada en la ilegalidad y la incertidumbre porque sólo recuperará un horizonte de futuro razonable mediante el reencuentro con la ley.

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