HUIDA HACIA ADELANTE

El 1-O agrava seriamente el desafío catalán. El Govern da por hecho el triunfo del ‘sí’ en el referéndum ilegal de ayer, pese a su falta de garantías democráticas, y mantiene la hoja de ruta hacia la secesión

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

El conflicto catalán, el mayor problema de Estado desde la restauración de la democracia en España tras el fallido golpe del 23 de febrero de 1981, se agrava y seriamente. Aunque el referéndum ilegal de autodeterminación promovido para ayer domingo 1 de octubre por las fuerzas soberanistas se zanjó con un fracaso múltiple, el Govern lo dio por bueno y sigue adelante con su hoja de ruta hacia la secesión.

El independentismo quería votar, y votó. Claro que de aquella manera. El referéndum, además de ilegal, no cumplió ninguna de las garantías mínimas exigibles en democracia porque el Gobierno central lo desmanteló logísticamente en cumplimiento de la ley.

Incluso el censo universal habilitado en el último minuto por el Govern de Carles Puigdemont para que los ciudadanos pudieran depositar su papeleta en cualquier colegio, en previsión de que el suyo fuera cerrado por la Policía Nacional o la Guardia Civil, fue neutralizado por momentos. Ello se tradujo en notables problemas en los centros de votación y en mayores dudas sobre la limpieza de la consulta.

El Gobierno Rajoy se había comprometido a que no habría votación. Para ello desplegó a miles de agentes en Cataluña. El dispositivo -los Mossos d’Esquadra no desalojaron ningún colegio- sirvió, sí, para poner de manifiesto la determinación del Ejecutivo en que se respetaran la ley y el Estado de derecho. Pero sus resultados fueron francamente pobres en lo que al número de colegios cerrados respecta (se esperaban clausurar 500 y la cifra final rondó el centenar) y abiertamente negativos para sus intereses en cuanto imagen.

Las cargas policiales y las fotografías de decenas y decenas de heridos y contusionados (más de 840, según la Generalitat) que se vieron en digitales y televisiones de todo el mundo durante toda la jornada fueron el mejor regalo que podía recibir el independentismo. Y éste, claro, no lo desperdició. El conseller y portavoz del Govern, Jordi Turull, no dudó en elevar al máximo el tono dialéctico. Tildó la actuación policial de «salvajada» y la situación, de «estado de sitio».

La gran interrogante tras el cierre de los colegios era conocer si el Govern Puigdemont se atrevería o no a ofrecer resultados oficiales de la convocatoria, pese al cúmulo de anomalías que se registraron antes y durante la jornada. Es decir si daría por bueno el referéndum o si por el contrario renunciaría a ello. En su última comparecencia antes del cierre de los colegios, a la ocho de la tarde, Turull, parecía despejar la duda. Habría resultados oficiales «y sospecho -dijo- que esta noche (por la de ayer) nos contaremos por millones».

¿Por qué la trascendencia de que la movilización de ayer se cierre con un resultado o sin él? Porque la Ley de Transitoriedad hacia la proclamación de la República de Cataluña, aprobada por el Parlament en el bochornoso pleno del 6 y 7 de septiembre, suspendida por el Constitucional, establece que una vez proclamados los resultados oficiales del referéndum, la Cámara catalana proclamará la independencia en cuarenta y ocho horas.

Puigdemont terminó de despejar la incógnita en su comparecencia de anoche, al filo de las diez y media. El president no ofreció datos de participación, de ‘síes’ ni de ‘noes’.Pero hizo algo más importante, dar por segura la victoria del ‘sí’ y dirigirse a Europa para decirle que los catalanes se ganaron ayer «el derecho a ser escuchados, respetados y reconocidos». A tener una República Catalana.

En los instantes previos a la intervención presidencial -que compareció acompañado por todos sus consellers- un anuncio y una declaración suscitaron ciertas dudas en medios políticos y periodísticos sobre la existencia de eventuales divergencias internas en el seno del independentismo. El anuncio, el llamamiento de las dos organizaciones sociales que han movilizado al secesionismo (la Asamblea y Òmnium Cultural) a una huelga general para el mañana martes. La segunda, una declaración del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, instando a Puigdemont a «no defraudar» a los independentistas.

De esta forma los focos se trasladan al Parlament. El Govern comunicará a la Cámara catalana el resultado del referéndum ilegal de ayer, que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, no reconocen, para que decida si proclama la independencia, como establece la ley que él mismo aprobó, o no.

Antes de escuchar al president, Rajoy había anunciado su propósito de reunirse con todas las fuerzas parlamentarias para abordar la gravísima crisis de Estado en que se halla inmersa España por el desafío independentista y había asegurado que a pesar de los pesares mantiene abierta la puerta al diálogo. Sánchez, por su parte, le advertía de que los años de inacción han acabado.

Ambas declaraciones quedaron superadas por los acontencimientos. Veremos si hoy lunes Rajoy mueve ficha o aguarda a la decisión final del Parlament. Y si esa Europa a la que anoche se dirigió Puigdemont tienen algo que decir.

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