La hormiga y su paradoja

Tiene gracia que una hormiga y su paseo indecoroso por la vitrina de la Dama de Elche haya servido para poner en evidencia la paradoja del interés por el patrimonio histórico español

Enrique Portocarrero
ENRIQUE PORTOCARRERO

Lo digo porque es paradójico que un incidente sin importancia y sin apenas consecuencias para la conservación de la estatua íbera haya hecho correr ríos de tinta y haya generado una batería de preguntas parlamentarias, cuando al mismo tiempo son muchos los casos de desprotección y ruina de nuestro rico patrimonio de los que no se habla y de los que encima no se ocupa ninguna administración.

Para empezar, véase que en los últimos cinco años las ayudas a la protección, a la conservación y a los archivos han descendido respectivamente en los Presupuestos Generales de Estado el 41,6%, el 36,7% y el 33,5%. Además de eso, ni el Gobierno del Estado ni los Ejecutivos autonómicos cumplen literalmente lo que estable la Ley de Patrimonio Histórico Español, en lo que se refiere a la obligación de destinar el 1% del importe de cada obra pública a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de ese patrimonio.

Así las cosas, mucho más útil que una batería de preguntas parlamentarias sería que los políticos concernidos empezaran por echar un simple vistazo a la lista roja que elabora la asociación Hispania Nostra sobre elementos patrimoniales en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Solo eso, por favor.

Libros

La vuelta de Smiley

Con toda seguridad el reencuentro literario más esperado del otoño va a ser el de George Smiley, el icónico personaje de John Le Carré que vuelve con la nueva novela del escritor británico tras más de veinticinco años de su última aparición en la ficción literaria. Smiley hará un ‘cameo’ literario en ‘A legacy of spies’, una obra que mezcla el pasado con el presente, los viejos fantasmas de la Guerra Fría con las ansiedades de la geoestrategia actual y la contemporaneidad con la vuelta de conocidos espías como Alec Leamas, Jim Prideaux o Peter Guillam, la mano derecha de Smiley que es llamado para que explique algunas circunstancias de sus viejas operaciones de inteligencia.

La brillante escritura y la verosimilitud de las tramas ideadas por John Le Carré auguran un éxito comercial, aunque no será fácil ni que las nuevas generaciones que no conocieron la Guerra Fría encuentren paralelismos en la actual tensión geopolítica, ni tampoco que entiendan la tipología o la sociología de los viejos espías de aquella época. Piénsese que por mucho que la nueva novela rescate situaciones y personajes de otras obras como ‘El espía que surgió del frío’ o ‘El topo’, solo un segmento reducido de sus potenciales lectores podrá familiarizarse con las tensiones políticas del pasado o incluso con unos espías de ficción que no solo eran discretos, rigurosos y sistemáticos, sino que encima fueron también la antítesis de James Bond y de otros agentes secretos popularizados por el cine.

Propiedad intelectual

¿Intervención estatal?

La ‘rentrée’ presagia algunas novedades en el ámbito de la política cultural. Una de ellas es la posible intervención por parte del Gobierno Rajoy de las sociedades de gestión de derechos de autor y, sobre todo, de la Sociedad General de Autores (SGAE). Tras los diferentes escándalos surgidos en los últimos años en torno a la SGAE y, más concretamente, después del último fraude derivado de la llamada ‘rueda de las televisiones’, el Gobierno parece forzado a incrementar su control o su intervención sobre unas sociedades que son fundamentales no solo a la hora de recaudar los derechos de autor, sino también para prestigiar y fomentar el respeto social a la propiedad intelectual.

Eso sí, el asunto no es nada fácil porque a pesar de que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014 introdujo ciertos mecanismos de control estatal sobre las sociedades de gestión de derechos de autor, no se puede olvidar que estas últimas son sociedades de derecho privado.

Doctores tiene la iglesia, por supuesto, pero la disidencia en el seno de la SGAE y la falta de transparencia en su gestión pueden hacer saltar por los aires su estructura asociativa, generando nuevas entidades y una mayor atomización en la defensa del copyright. Quizás la solución sea un nuevo decreto que desarrolle aún más la ley, estableciendo un mayor control. Todo, sí, menos este desprestigio actual y creciente que no ayuda en nada a la concienciación social en favor del respeto a los derechos de autor.

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