Horas de descontrol

El independentismo y el Estado intentan vender en la antesala del día D que tienen todo calculado. La realidad es otra

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

El desafío del secesionismo catalán al Estado debiera entrar hoy, por fin, en su fase determinante. Eso es al menos lo que se sugería ayer desde las filas del independentismo.

Ello significa que el Parlament parece que aprobará este miércoles la Ley del Referéndum. Parece. De ser así, el Govern en pleno rubricará de inmediato el decreto de convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre.

¿Por qué tales prisas? Para evitar que entre ambos pasos se cuele alguna notificación del Constitucional. Y es que se da por hecho que el alto tribunal suspenderá la norma por aprobarse por un procedimiento que el propio TC declaró ilegal hace semanas. No se descarta que, además, adopte medidas punitivas contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que está apercibida por desobediencia y prevariacación, y puede que contra los restantes miembros de la Mesa del sector soberanista.

¿También contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont y sus consellers? Esas son dos preguntas sin respuesta. Por ahora.

Tanto el independentismo como el Estado siguen esforzándose por transmitir a la ciudadanía la impresión de que tienen casi todo bajo control, cuando la realidad es otra. Casi nada está bajo control porque todos ocultan sus próximos movimientos bajo siete llaves.

Como prueba, un par de botones. A última hora de la tarde de ayer las tres formaciones que apoyan el procés -PDeCAT, ERC y CUP- solicitaron la celebración de un pleno extraordinario del Parlament para este mismo viernes. Revuelo en las redacciones de los medios de comunicación. ¿Acaso se atrasa la convocatoria oficial del referendo ilegal del 1-O?

Pues todo apunta a que no. Simplemente acababan de conocer que el Tribunal de Cuentas del Reino ha citado para el 25 al expresident Mas, la exvicepresidenta Ortega, la exconsellera Rigau, el exportavoz Homs y siete altos cargos más para exigirles que abonen la multa de 5,12 millones que les fue impuesta por la seudoconsulta del 9-N de 2014 o se les embargarán sus bienes hasta esa cantidad. «Todo un salto cualitativo del Estado para fomentar el miedo ante el 1-O», en opinión de Puidemont.

Con el pleno especial del viernes, PDeCAT, ERC y CUP se aseguran tener el Parlament a su completa disposición para posicionarse o para adoptar decisiones sobre las consecuencias que puedan tener sus próximos pasos. En especial si se producen inhabilitaciones.

Si nadie controla los próximos movimientos, porque unos dependen de lo que hagan los otros, menos todavía lo que ocurrirá el 1-O. Si el secesionismo logrará mantener abiertos una mayoría de colegios electorales o si, por el contrario, el Estado logrará impedirlo. Si lo hará con los Mossos d’Esquadra o si éstos se negarán e intervendrán Policía Nacional y/o Guardia Civil.

Directamente relacionado con ello está la incógnita de la participación. El expresident Mas dijo ayer lo que no han querido ni su partido ni ERC: que la afluencia a las urnas el 1-O debe ser «netamente superior» a la de la seudoconsulta del 9-N de 2014, lo que «abrirá los ojos» a Europa. «De lo contrario -admitió- la apuesta soberanista quedará aparcada por una buena temporada».

Si el inicio del desafío secesionista terminó con CiU, todo apunta que el 1-O va a dejar dejará tocados a los ‘comunes y a Podemos’. Parte de estas organizaciones apoya o tolera el referendo, pero otra lo rechaza de plano. Una grave incongruencia de las que los electores suelen castigar en las urnas.

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