quién gana

Mientras se acerca el 1-O gana Rajoy, al que el indepentismo catalán ha conseguido hacer bueno al concederle en exclusiva la defensa de la ley

Kepa Aulestia
KEPA AULESTIA

La fecha del referéndum independentista, fijada para el 1 de octubre, incrementó las alusiones al ‘choque de trenes’ que cabía esperar para incluso antes de que el convoy de la secesión se topara con la muralla de la legalidad vigente. Pero, a medida que pasan los días, se hace más evidente que nadie tenía ni idea de por dónde transcurrirían las fricciones y en dónde acabarían. La misma metáfora del ‘choque de trenes’ invitaba a preguntarse sobre cuáles eran o quiénes sus respectivos ocupantes, y sobre aquél que saldría vencedor o menos dañado de tan anunciada colisión. Lo cierto es que todavía hoy, a dos semanas del 1-O, seguimos sin conocer exactamente la composición de los vagones y la identidad de sus viajeros. Viajeros que en estas dos semanas que faltan pueden bajarse de uno u otro convoy o subirse a ellos, frente al trazo grueso de toda mirada que espere un final en blanco o negro. Da la impresión de que viajan poderes, ideas, errores y excesos; pero que no viajan personas. Mujeres y hombres libres y capaces de parar en seco su respectivo tren. Sobre los raíles domina la inercia. La inercia de lo impasible, en el caso de la máquina que conduce Mariano Rajoy. La inercia de lo temerario, en la locomotora de Puigdemont a falta de cualquier otro que lo sustituya.

Dado que estamos hablando de política, la pregunta del momento no es quién acabará ganando la partida; si los integrantes a bulto del convoy que circula aparentemente a más velocidad -el del independentismo- o los componentes del tren que más bien está detenido en la contención constitucionalista. La pregunta del momento es quíén gana mientras tanto. La respuesta parece obvia. De momento gana Rajoy. Entre otras razones porque el dibujo de una confrontación tan banderiza obliga a identificar a los contendientes. Y es fácil descubrir al Presidente recabando la anuencia del PSOE de Pedro Sánchez y de Ciudadanos, mientras que al otro lado del ‘choque’ solo puede advertirse el seguro triunfo de ERC si todo acaba en el casillero de salida de unas nuevas elecciones autonómicas. Y si no, si Puigdemont se aferra al mando del que anunció desprenderse, es posible que nadie con nombre y apellidos obtenga renta alguna.

El secesionismo que gobierna las instituciones de la Generalitat trata de limitar su embate contra la legalidad a la convocatoria del referéndum, más que a su celebración. El Gobierno Rajoy trata de limitar el margen de maniobra de las instituciones autonómicas, para evitar que el 1 de octubre sea tanto o superior al 9-N. Pero sobre todo para sublimar el sentido mismo del Estado constitucional, que forma parte de un ideario inexpugnable para las opciones adversas a los populares. En sus mensajes, el independentismo regresa a cada momento al punto en que reivindicaba votar, con la inocencia propia de quien cree a pies juntillas en el derecho natural, y con el propósito evidente de conducir tal prerrogativa hacia el establecimiento de un estado propio. El Gobierno Rajoy ha hecho de la Ley el punto de consenso que le granjea el apoyo de Ciudadanos y del PSOE. Faltan dos semanas para la fecha crucial, y solo queda la incógnita de si se han agotado todas las posibilidades de confrontación o todavía hay materia.

El independentismo no solo ha quemado las naves que la Generalitat podía tener para dar marcha atrás en el proceso de ruptura; además necesita continuar en la escalada, aunque no sepa a dónde puede llegar. Puesto que quince días de distensión generarían sensaciones muy extrañas entre sus seguidores. Sensaciones de abatimiento o de agotamiento, que los responsables políticos y los líderes ‘cívicos’ del secesionismo no se pueden permitir. Sin embargo, tampoco es mucha la madera que le queda a la Generalitat para perseverar en el intento. De hecho parece evidente que el independentismo gobernante está transfiriendo a la parte de la sociedad más entusiasmada con la ruptura la responsabilidad de llevar a cabo lo que sea que acabe siendo el 1 de octubre. No hay caso para una desconexión de ‘terciopelo’. Aunque tampoco hay demasiado margen para que el imperio de la Ley dé lugar a un estadio de convivencia que no podría reivindicarse en el ‘pujolismo’.

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