Fractura entre sociedad y estado

Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

Nadie se aventura a pronosticar lo que va a suceder el domingo en Cataluña. Solamente quienes han mantenido posiciones inmovibles se sienten por pura inercia obligados a reiterar lo afirmado.

La fuerza de los promotores del referéndum, por cierto, aún no es ilegal, no está en la ley sino en la sociedad, en la razón democrática que les asiste al exigir cauces legales para que los catalanes puedan expresar su voluntad. Su debilidad es tanto interna como externa. La interna reside en que el proceso no cuenta con el apoyo de una mayoría cualificada de los catalanes, y la unilateralidad no es solo respecto a los poderes del Estado sino también respecto de la otra mitad de la población. La debilidad externa se localiza en la ausencia de respaldo internacional, imprescindible para cualquier proceso de secesión basado en la vía de hecho y el principio de efectividad.

La fuerza del Estado no está en la sociedad sino en la legalidad. La debilidad de sus posiciones es enorme en el seno de la sociedad catalana. A ello hay que añadir que el principio de legalidad quedó muy cuestionado y tocado desde que el Constitucional modificó el Estatut aprobado en referéndum, que supuso la ruptura del modelo de garantías territoriales establecido en la Constitución. Para una parte importante de la población catalana la legalidad española y los órganos encargados de su aplicación como el TC han perdido la legitimidad y la autoridad precisas para que el vínculo entre Estado y sociedad sea mínimamente efectivo. Desde 2010 en adelante ha ido madurando un proceso de desvinculación de una parte importante de la sociedad.

El mayor error del PP ha sido haber ignorado intencionadamente esta dimensión esencial del conflicto, no haber asumido como responsabilidad propia la tarea de legitimación del Estado y de la legalidad ante la sociedad catalana con iniciativas y propuestas políticas. Lejos de asumir esa responsabilidad Rajoy ha optado por resguardarse en la razón legal, reduciendo la fortaleza del Estado de Derecho a la fuerza coactiva que representa el Código Penal.

Lo que suceda el domingo será determinante para los nuevos escenarios que se puedan abrir. No obstante, de lo acontecido se pueden extraer algunas reflexiones. En primer lugar, que lo que se lleve a cabo difícilmente podrá ser aceptado como un referéndum, es decir como un hecho incontrovertido con efectos jurídicos y políticos. En segundo lugar, hasta el día de hoy, la idea del referéndum, incluida la modalidad del 1-O, sale reforzada, pues ha logrado concitar el apoyo de personas y sectores que estaban situados al margen del independentismo y la unilateralidad. La razón de estas nuevas adhesiones no está en los méritos del independentismo sino en la actitud cerrada y solo represiva, en algunos casos de dudosa legalidad, sobre cualquier posibilidad de consulta a los catalanes. En tercer lugar, la eventualidad de una declaración unilateral de independencia debe descartarse por razones obvias y, por consiguiente, el único escenario realista es el de la convocatoria de unas nuevas elecciones al Parlament centradas en una propuesta unitaria en torno a la idea de un referéndum con mayoría parlamentaria y mayoría de votos, que daría legitimidad democrática inapelable a la exigencia de la consulta pactada como única vía para encauzar el problema entre Cataluña y España.

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