Foralidad compartida

La mejor manera de convencer de las bondades del Cupo y del Concierto es situarlos por encima de conveniencias políticas

EL CORREO

La firma ayer en Madrid del acuerdo por el que se renueva la ley quinquenal del Cupo para el período 2017-2021 y se modifican, a su vez, una veintena de artículos de la Ley del Concierto Económico a fin de reajustar la gestión tributaria supone el corolario al recobrado entendimiento entre los gobiernos vasco y central -y por extensión entre el PNV y el PP-, que ha desembocado también en la aprobación de los Presupuestos del Estado para este ejercicio y en el afianzamiento de una legislatura de evolución aún incierta. El énfasis con el que el consejero Azpiazu y el ministro Montoro valoraron el pacto como ejemplo de normalidad institucional y garantía de estabilidad pone de manifiesto lo incomprensible de tantos años de desencuentro, reflejados en la dilación a la hora de renovar la Ley del Cupo y la enquistada distancia sobre las cantidades a liquidar anualmente.

El diálogo y la concertación en un asunto tan sensible nunca debería quedar al albur de las legítimas diferencias partidarias, ni depender de los equilibrios entre las mayorías y las minorías que se libran en el Congreso. Porque la mejor manera de convencer de las bondades de la naturaleza paccionada del Cupo y del Concierto no pasa por situarlos por encima de las conveniencias políticas y la oportunidad del momento. A nadie se le escapa que la alianza en este terreno entre el Ejecutivo de Urkullu y el de Rajoy, animada por sus respectivas formaciones, representa un saludable contrapunto de pactismo y respeto al marco constitucional y estatutario -el que da cobijo a la singularidad de Euskadi- frente al secesionismo unilateral que dirige hoy el destino de Cataluña. Pero no es la mera comparación lo que otorga valor al acuerdo rubricado ayer, ni debería hacerlo la excepcionalidad del tiempo que vive el país. La defensa compartida de la foralidad que protagonizaron los responsables de Euskadi y del Estado en la sede de Ministerio de Hacienda ha de enviar un mensaje de lealtad mutua y compromiso recíproco superador de coyunturas y capaz de ser asumido como un bien común, tanto por los ciudadanos vascos que se benefician directamente del pacto como por los del resto de las comunidades que no deben encontrar en él un lugar para el agravio.

La muerte de Blesa

El hallazgo del cadáver del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, de 69 años, en una finca de Córdoba que frecuentaba para cazar provocó ayer una notable conmoción. Una investigación determinará si su muerte se debió a un fortuito accidente de caza o a un suicidio, y lo lógico es que este informe finalice cuanto antes para zanjar cualquier elucubración y determinar si el financiero fue víctima de un incidente fatal o fruto de una decisión tan propia como irreversible. Blesa -en su día hombre de confianza del Gobierno de Aznar- se encontraba a la espera de una decisión del Tribunal Supremo en relación con la sentencia por el caso de las ‘tarjetas black’, por el que había sido condenado a seis años de prisión. Su enjuiciamiento le convirtió en uno de los símbolos de una época de excesos e irregularidades cultivadas al calor del poder y del dinero en el sistema bancario español. Pero más allá del reproche penal y de la crítica pública que pesaban sobre Blesa, la reacción del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, de Compromís -mofándose del fallecido al comparar su muerte con las películas ‘La caza’ de Saura y ‘La escopeta nacional’ de Berlanga- constituye un gesto impropio de pésimo gusto que incide en la inquietante depauperación de la actividad política y partidaria.

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