Ficción y realidad catalanas

El soberanismo lanza el esprint final hacia el 1-O con la ley de ruptura, pero de lo que se ocupa en privado es de los futuros pactos para repartirse el poder

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Era la última remesa de petardos que le quedaba por prender al soberanismo catalán para lanzar el esprint final de cara al referéndum secesionista ilegal del 1 de octubre. Y ERC y la CUP impusieron, de nuevo, al PDeCAT que debía ser ayer.

Así que terminado el duelo por la matanza yihadista de las Rambas con el bochornoso espectáculo que protagonizó el soberanismo el sábado quebrando la manifestación unitaria de Barcelona contra el terrorismo -que a tantos nos evocó la incalificable e imperdonable actuación del PNV y del entonces lehendakari Ibarretxe tras el asesinato del socialista Fernando Buesa a manos de ETA-, las fuerzas del procés desvelaron el contenido definitivo del proyecto de ley de transitoriedad o de ruptura. Norma que, garantizaron, estará aprobada antes del 1 de octubre. Ni palabra de la fecha, ni del cómo.

No merece la pena perder demasiado tiempo en desmenuzar el contenido del texto. Y ello por más que a última hora se haya querido aumentar su ringorango con un título aún más pomposo que el inicial: Ley de Transitoriedad Jurídica y -aquí viene el añadido- Fundacional de la República.

La ley pretende regular todos los pasos que el soberanismo quisiera dar desde que gane el ‘sí’ en el referendo del 1-0 hasta que culminara el desenganche de Cataluña de España y la República Catalana fuera una realidad jurídica plena.

¿El problema? Pues no precisamente menor: que el Estado español ha dejado absolutamente claro que usará todas las herramientas legales a su disposición primero para evitar que se vote. Y en el caso de que los soberanistas logren colocar unas pocas o unas muchas urnas donde puedan y de aquella manera -apuesten a que probablemente lo conseguirán-, impedirá sí o sí que Puigdemont, Junqueras y los suyos materialicen la ruptura.

No dedicarle demasiada atención no es igual que ignorar el texto. Y es que en él se plantea que los futuros nacionales catalanes puedan conservar a la vez la nacionalidad española. Que todos los pleitos pendientes pasen a ser resueltos por el nuevo poder judicial catalán. Que los condenados por vulnerar la legalidad española para avanzar hacia la secesión (por ahora Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesç Homs) vean de inmediato revocadas sus penas. Y que la República catalana sea una realidad completa, con su propia Constitución refrendada por los ciudadanos catalanes, en un año, para el 1 de octubre de 2018.

Rajoy y Pedro Sánchez conversaron tras hacerse público el último movimiento del independentismo catalán. Luego remarcaron la solidez de su compromiso de impedir que prospere este intento de ruptura unilateral del Estado.

El nacionalismo catalán insiste en su desafío. Comparece día tras día para persuadir al electorado afín de que no se bajará de ninguna manera del tren del procés. Sin embargo algunos indicios apuntan a que muchos dirigentes soberanistas sí piensan ya en otra clave bien distinta para el día después.

Son mayoría los observadores que piensan que hasta el 1 de octubre PDeCAT y ERC no se saldrán un ápice de su hoja de ruta secesionista, pero que a partir del día 2 hacia donde se caminará es hacia unas nuevas elecciones autonómicas. Y, por tanto, hacia un nuevo reparto del poder.

Los partidos de Mas-Puigdemont y Junqueras dan por hecho que no habrá reedición de la coalición Junts pel Sí. Si se confirma y los sondeos, además, no van desencaminados, una de las opciones de futuro podría ser una entente entre Esquerra y los comunes de Ada Colau, tolerada o apoyada por el PSC.

De ello es probable que se hablara en la cena ‘secreta’ que el sábado reunió en Barcelona a Junqueras con Pablo Iglesias. Y de eso se seguirá hablando en las próximas semanas. En privado, claro. Para el gran público el espectáculo del 1-O debe continuar.

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