Con el euro hemos topado

El Tribunal de Cuentas da el penúltimo paso para que Mas y tres exconsellers paguen los 5 millones de la seudoconsulta del 9-N

ALBERTO AYALA

Ha sido uno de los principales argumentos, si no el más importante, que ha llevado a algunos consellers y altos cargos de la Generalitat a dudar de la conveniencia de seguir embarcados en la nave independentista. Por encima del temor a ser inhabilitados o incluso a ser condenados a penas privativas de libertad, ha sido el miedo a poner en peligro el patrimonio personal y familiar lo que ha terminado por propiciar su salida del Govern, por blandos.

Pues bien, desde ayer ya no es solo una opción sino una posibilidad del todo real. Como se esperaba, el Tribunal de Cuentas del Reino dió el penúltimo paso para exigir al expresident catalán Artur Mas, al exportavoz Françesc Homs, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau que abonen de sus bolsillos los 5,13 millones de euros que se calcula invirtió la Generalitat en la seudoconsulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. De no hacerlo, ellos o el PDeCAT, que hace semanas inició una cuestación, sus bienes serían embargados.

La Sección de Enjuiciamiento del órgano contable, de la que es responsable la jurista, exdiputada del PP y exministra de Justicia con Aznar, Margarita Mariscal de Gante, ha pedido a la comisión de gobierno del tribunal que nombre un instructor para que tome una decisión final sobre el dinero a devolver. El Tribunal quiere que las diligencias estén listas para antes del 1 de octubre.

Nada más conocerse la noticia uno de los duros entre los duros que el president Puigdemont acaba de incorporar a su Govern como portavoz y conseller de Economía, Jordi Turull, respondió rápidamente con una bravata. «Si piensan que por 5 millones, que nos toca a menos de 1 euro por catalán, vamos a frenar la independencia es como para echarse a reír», soltó.

Lo hizo en el transcurso del almuerzo que compartió con el gran verso suelto del PNV de Ortuzar y Urkullu, el exlehendakari Ibarretxe, en Barcelona. El político llodiano, posiblemente el exjefe de Gobierno vasco más apreciado por las bases jeltzales, bastante más radicales que sus líderes actuales, arengó a los soberanistas catalanes a llegar hasta el final. Es decir a hacer lo que él no hizo cuando el Congreso rechazó su plan, previamente avalado por el Parlamento de Vitoria: vulnerar la legalidad. Su argumento: que «depender de España es malo».

Con el euro, pues, hemos empezado a topar. Veremos si el temor a que saltarse la ley no salga gratis, tampoco en lo patrimonial, provoca nuevas deserciones en las filas del secesionista catalán. No parece probable que así sea toda vez que tras las últimas crisis de gobierno, el president Carles Puigdemont y el casipresident Oriol Junqueras, se han rodeado de un equipo de irreductibles dispuestos a aguantar.

Todo apunta a que llegaremos al choque de trenes del 1-O. Y a que solo entonces veremos si la Generalitat logra poner las urnas y que se vote, o si el Estado logra impedirlo.

De momento, ayer, declaraciones y más declaraciones para mantener la tensión y arengar a los propios. El nuevo jefe político de los Mossos, Pere Soler, prometió lo que cabía esperar: que los policías catalanes «permitirán» votar con seguridad el 1 de octubre. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dijo que perseguirá al Govern por la compra de urnas, aunque lo haga, como parece, de forma opaca.

Tambores de guerra que solo suelen servir para lo peor: para preludiar conflictos.

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