Error, inmenso error

Rajoy rendiría un buen servicio al Estado si completara por fin estatutos como el vasco en lugar de usarlos según su interés

ALBERTO AYALA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se dio ayer un garbeo por Vitoria junto a la titular de Empleo, Fátima Báñez. ¿El objetivo? Practicar una de las ramas de la política moderna, y no precisamente menor: el espectáculo.

Con el independentismo catalán lanzado hacia el choque de trenes del referéndum del 1 de octubre, ilegal desde el instante en que deje de ser solo una promesa verbal para convertirse en una decisión escrita, el Ejecutivo Rajoy y el PP necesitan vender otras realidades más amables. Como que son capaces de acordar como lo han hecho con Ciudadanos, el PNV y los regionalistas canarios para sacar adelante los Presupuestos para este 2017. Y que se puede ser nacionalista, como sin duda lo es el PNV, y entenderse con el Gobierno de España para convivir.

En esta cuarta visita de la 'vice' al País Vasco en lo que llevamos de legislatura no hubo foto oficial ni con el lehendakari ni con ningún consejero. El PNV no quiso.

Los jeltzales están encantado de aprovechar su privilegiada situación política para arramblar con todo lo que puedan a cambio de sacar las castañas del fuego a Rajoy en el Parlamento. Y la sociedad vasca parece entender y apoyar la línea estratégica decidida en Sabin Etxea.

Pero los peneuvistas son conscientes de que a su militancia más abertzale no le hace ni pizca de gracia que los partidos de ámbito estatal y los medios de comunicación insistamos, día sí día también, en el mensajito de marras. En lo responsables que son Ortuzar y Urkullu al haber optado por este camino en contraste con esos irredentos catalanes lanzados en busca de una independencia imposible, y de los que tantos afiliados jeltzales se sienten estos días tan próximos sentimentalmente.

Sentimientos al margen, todo apunta que Rajoy y el PNV van a seguir haciendo negocios políticos. El portavoz del Gabinete Urkullu, Josu Erkoreka, avanzó ayer que han llegado a un principio de acuerdo con el Ejecutivo español para que Euskadi se haga cargo en 2018 de dos de las once líneas férreas que reclama hace tres décadas en cumplimiento del Estatuto.

Quien durante dieciocho años fue portavoz de CiU en el Congreso, Miquel Roca Junyent, escribía ayer un artículo en el rotativo barcelonés 'La Vanguardia' en el que solicitaba a las partes 'un último esfuerzo' para parar 'in extremis' el choque de trenes. En este sentido valoraba positivamente la oferta puesta sobre la mesa por PSOE y PSC. Y hasta iniciativas privadas como la del excomunista Ramón Tamames -quien, entre otras cosas, plantea otra vez el traslado del Senado a Barcelona-.

Roca acepta que algunas de estas ideas son antiguas. Que posiblemente llegan a destiempo. Pero concluye que cualquier planteamiento que sirva para retomar el diálogo siempre será mejor que encerrarse a esperar lo peor. «Porque habrá consecuencias; porque ya se empiezan a vivir. Y no se prevén buenas».

Acierta Roca, aunque dudo que tenga éxito en la petición a sus antiguos compañeros de Convergencia. Aun así, y visto lo que está ocurriendo en la relación Rajoy-PNV, en la que traspasos imposibles como el de ferroricales pasan a ser posibles, ¿sería tanto pedir que el Gobierno de la nación completara estatutos como el vasco? ¿Que los nacionalistas intentarían desbordarlo? Más que probablemente. Pero nadie podría reprochar al estado que incumple las leyes vigentes.

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