Una Diada que no debe imponer

Nadie puede confundir la gran manifestación en Barcelona con un clamor unánime por la independencia entre los catalanes

EL CORREO

La celebración de la Diada congregó ayer a una multitud de ciudadanos que se manifestaron por las calles de Barcelona, en lo que supone una clara muestra de apoyo al referéndum del 1 de octubre. El éxito de la movilización es indudable, tanto por el número de personas reunidas como porque mitigó las malas sensaciones que dejó en el ambiente -también entre muchos independentistas- el pleno parlamentario en el que se aprobaron las últimas leyes suspendidas por el Constitucional. Pero sería un grave error de apreciación identificar a los manifestantes de ayer con el conjunto de la población catalana, como si esa fuera su representación. Una equivocación que podría llevar a ERC, PDeCAT y la CUP a seguir tensionando la cuerda frente a la legalidad, al resto del arco político y a algo más de la mitad de los catalanes -según señalan las elecciones y las encuestas-. Por multitudinaria que fuese la conmemoración de la Diada, y por mucho que una fiesta que era plural hace unos años sea hoy celebrada en pos de un Estado propio, es legalmente inviable que pueda desembocar en un referéndum dentro de veinte días. Ni la Constitución ni el Estatuto, como marcos de convivencia y como referencias normativas básicas, pueden ser orillados por masiva que sea una manifestación. De modo que ésta tampoco debería conducir a los responsables de la Generalitat a la creencia de que son los demás -los demás partidos de la Cámara autonómica, el Ejecutivo central o los tribunales- quienes deben rectificar en su proceder hasta dar la razón al secesionismo. El ofrecimiento del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a desconvocar el referéndum del 1 de octubre si el Gobierno Rajoy se decide a pactar con los catalanes no es, a estas alturas, más que una manera de justificar lo injustificable. La pretensión de que los otros, los discrepantes con la vía rupturista y los defensores de la legalidad democrática, deben hacerse a un lado para permitir un referéndum que no tiene basamento legal alguno es la única respuesta que encuentran los promotores de la marcha ante la evidencia de que han llegado al fondo de su callejón sin salida. La llamada de Jordi Sánchez, presidente de la ANC, a la «insumisión a los tribunales» no solo representa un gravísimo despropósito contra el Estado de Derecho sino que constituye un claro engaño, dirigido a que el público independentista crea posible lo imposible.

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