Despropósito rupturista

El independentismo mantiene sus provocaciones a nuestro sistema, al tratar de abatir los muros de la legalidad que son un derecho de todos

EL CORREO

Los grupos parlamentarios catalanes de Junts pel Sí y la CUP presentaron ayer a la Mesa de la Cámara autonómica la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, que consta de 89 artículos y 3 disposiciones adicionales. De entrada, hasta un lego en derecho puede entender que una norma que declara la ruptura con el Estado si el resultado del inviable e ilegal referéndum de autodeterminación es positivo no puede ser dictada por un parlamento de rango autonómico, cuyas competencias, que emanan de la Constitución y del correspondiente estatuto de autonomía, son limitadas y están perfectamente tasadas.

Los independentistas aseguran que el Parlamento aprobará esta norma antes del 1-O, y la propia disposición rechaza el control de las instituciones del Estado, lo que significa que no harán caso de la suspensión segura del Constitucional. Durante el ilusorio periodo de transitoriedad, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en el Tribunal Supremo catalán; el fiscal general sería nombrado por el Parlamento, y no por el Gobierno. La sala de gobierno del Supremo sería el equivalente al actual CGPJ, integrada exclusivamente por jueces. Y una de las salas del Supremo sería la Sala Superior de Garantías, equivalente al TC. El Ejército dejaría de tener jurisdicción en Cataluña pero nada se dice de unas fuerzas armadas para el nuevo Estado a expensas de lo que digan los constituyentes. Y el Título VII prevé la elección de una Asamblea Constituyente y un referéndum de ratificación.

Y lo más curioso del caso es que la aprobación del texto por la Asamblea requerirá una mayoría cualificada de 3/5 (bastará mayoría absoluta en segunda votación), exigencia de rigor que choca con la frivolidad de unas formaciones que han embarcado a Cataluña en el ‘procés’ sin contar con masa crítica suficiente y, desde luego, sin haber logrado en las últimas elecciones autonómicas mayoría absoluta de votos. Los soberanistas justifican la publicación de este despropósito rupturista con el argumento de que los votantes del 1-O deben saber qué futuro les aguarda si optan por la independencia. El Estado no ha anunciado, como es lógico, qué respuesta va a dar a semejante provocación a nuestro sistema jurídico político pero es totalmente imposible que esta propuesta descabellada pueda embelesar a los ciudadanos y abatir los muros de la legalidad que inflexiblemente protegen los derecho de todos.

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