El descontrol en los comedores escolares

El Gobierno vasco despilfarró millones de euros durante más de una década en la contratación de las empresas encargadas de ofrecer los menús en los comedores de los colegios públicos. Solo la alarmante pasividad del Ejecutivo y una inadmisible falta de control en la gestión del dinero público pueden explicar que varias compañías se concertaran entre 2003 y 2015 para repartirse el mercado e inflar a su conveniencia los precios que cobraban por ese servicio. Resulta incomprensible que este ataque a las más elementales normas de la libre competencia no hiciera saltar ningún resorte en la Administración, pese a prolongarse durante tanto tiempo y al elevado sobrecoste que supuso para sus arcas. Una comisión del Parlamento vasco investiga desde ayer este escándalo para determinar eventuales responsabilidades políticas en las adjudicaciones por parte del Departamento de Educación, que en ese periodo estuvo controlado por el PNV, los socialistas y EA. El foro se abrió con la comparecencia de Ignacio Alday, jefe de la investigación abierta por la Autoridad Vasca de la Competencia, que no detectó «connivencia» entre el Gobierno y unas empresas que actuaron con impunidad. La inacción del Ejecutivo ya fue puesta de manifiesto en la sentencia del Tribunal Superior que condenó a siete compañías por crear un cártel y sacó los colores a los sucesivos ejecutivos, de los que no consta «reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia» alguna por parte de los encargados de ordenar y adjudicar los contratos. La Justicia no apreció delito en las adjudicaciones. Es de esperar que la investigación del Parlamento aclare si las irregularidades ya probadas –tan graves como difíciles de explicar en una Administración con un mínimo de calidad en su gestión– fueron obra de la dejadez o de oscuros intereses. También que sus conclusiones sirvan para reforzar los controles en las adjudicaciones y en el gasto público, y evitar nuevos derroches con cargo a los impuestos que pagan los ciudadanos. Al PNV y al PSE, los dos aliados en el Gobierno vasco que se opusieron en su día a crear la comisión, les es exigible la máxima colaboración para llegar al fondo del asunto. Y a los partidos de la oposición, una actitud responsable que convierta ese foro en fructífero sin incurrir en excesos ni en deformaciones de la realidad.