Deriva peligrosa

José Luis Zubizarreta
JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA

Nadie podrá sorprenderse de que el proceso catalán haya llegado al punto de enfrentamiento en que hoy se halla. Era evidente que el Estado de Derecho, decidido a utilizar todos los instrumentos que tiene a su alcance, iba a movilizar los tres poderes de que dispone para lograr su más inmediato objetivo de impedir la celebración de un referéndum que había declarado inconstitucional y que, de celebrarse, tendría efectos difícilmente controlables. De entre los tres, el judicial era quizá el poder que más podía actuar, tal y como está ocurriendo, a modo de ‘electrón libre’, dadas su independencia corporativa y su autonomía personal. De otro lado, tampoco por parte del soberanismo podía haberse esperado una reacción diferente a la producida: huida hacia adelante de las instituciones y movilización callejera a cargo de la ciudadanía. Estamos, pues, donde cabía temer.

O no. Se observa, en efecto, que en la evolución del proceso se ha introducido de rondón un factor que no era del todo esperado. Lo que, hasta muy hace poco, era un enfrentamiento entre soberanías nacionales está derivando hacia otro en el que el conflicto comienza a plantearse en términos de democracia y autoritarismo. No ha sido un desplazamiento espontáneo. Alguien, a quien la confrontación nacional le resultaba incómoda por razones de ideología, ha tratado de crear un nuevo ‘relato’ del que quiere sacar ventaja. Me refiero, como habrá podido imaginarse, a los movimientos que se agrupan en torno a Podemos, Las Mareas y En Común, así como a quienes, aquí, en Euskadi, siempre han estado dispuestos a pescar en río revuelto.

No es casual, a este respecto, que algunos líderes de los citados grupos hayan comenzado a definir la actual situación de «Estado de excepción» y a llamar a quienes han sido detenidos por orden judicial «presos políticos» en vez de, llegado el caso, «políticos presos». El propósito consiste en negar el carácter democrático a este Gobierno, tacharlo de puramente represivo y reunir en torno a esta nueva versión a fuerzas y movimientos que no se activarían por un conflicto de carácter nacionalista. Verdad es que, para alcanzar el objetivo, han encontrado en el Partido Popular un auténtico chollo. Su fama de «partido corrupto», que habría accedido al poder mediante «dopaje electoral», así como sus inclinaciones autoritarias y los errores que desde hace años viene cometiendo en la cuestión catalana, han sido el caldo de cultivo para que tome arraigo esta interpretación.

Dentro de este nuevo relato se explica también la llamada de Pablo Iglesias a convocar una no muy bien definida «asamblea de electos», de la que, por las ‘razones’ arriba citadas, quedaría excluido, en un renovado espíritu ‘frentepopulista’, el Partido Popular. En ella, al margen de los cauces instituidos, se definiría el nuevo sistema en el que las diversas naciones de España tendrían acomodo y, de paso, se alcanzaría el objetivo de dar por finiquitado el régimen del 78. Así, con ocasión de conflicto catalán, se intentaría devolver el atractivo perdido a la idea original y ya casi aparcada del ‘empoderamiento popular’ para ejercer el ‘poder constituyente’ necesario para instituir un nuevo Estado.

Ocurre, además, que este nuevo relato no encuentra quien lo contradiga. Ni el Gobierno ni las fuerzas que dicen -vergonzantemente- apoyarlo han sido capaces de elaborar otro alternativo que resulte creíble y convincente. Incapaces, así, de enviar un mensaje coherente y unitario, dejan que la ciudadanía caiga en manos de cualquier demagogo que, desde uno u otro frente, le halague el oído.

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