La decisión de los funcionarios

Tras el coraje mostrado por los letrados del Parlament y por el Consell de Garantías, ¿obrarán de igual forma los Mossos el 1-O?

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

El guión del desafío independentista al Estado se siguió cumpliendo ayer de manera escrupulosa. Veinticuatro horas después de que los soberanistas catalanes convocaran el referendum ilegal del 1 de octubre, con desprecio absoluto a la Constitución, el Estatuto y las reglas del propio Parlament, ayer llegó la respuesta del Estado.

Y lo hizo con la contundencia esperable. El Gobierno Rajoy emplazó al Constitucional a suspender tanto la Ley de Referéndum como el decreto de convocatoria de la consulta. La Fiscalía completó la respuesta del Estado con la interposición de sendas querellas contra los miembros de la Mesa del Parlament y el Ejecutivo Puigdemont al completo.

No era previsible que estas actuaciones ni el aviso de Rajoy al soberanismo emplazándole a «no menospreciar la fortaleza del Estado de derecho» disuadieran al secesionismo de seguir adelante con sus planes, y no lo hicieron. Ayer aprobaron en el Parlament, en medio de otra fenomenal bronca, la segunda de las leyes de desconexión, la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República catalana. La que contempla los pasos a dar desde la hipotética victoria del ‘sí’ el 1-O, que también prevé amnistiar a los políticos nacionalistas que como el expresident Mas han sido condenados por desodecer la legalidad vigente para avanzar hacia la secesión.

En medio de tanta previsión, unos pocos juristas catalanes se atrevieron el miércoles a desafiar el rodillo independentista para sorpresa, primero, y profundo enfado, después, de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y cía. En concreto, los funcionarios Antoni Bayona y Xavier Muro, letrado mayor y secretario general del Parlament, y los ocho prestigiosos juristas que integran el Consell de Garantías Estatutarias.

Rajoy les agradeció el «coraje» mostrado «en defensa de la dignidad y la libertad». «Dieron una batalla cuya derrota estaba anunciada, pero desnudaron ante todo el mundo la perversión antidemocrática de este proceso», enfatizó.

Nada va a detenerse, salvo sorpresa mayúscula, hasta el 1-O. Y, obviamente, no resulta indiferente cómo se sustencie esa jornada. La Generalitat no va a tener problemas para colocar urnas. Los alcaldes de 630 de los 947 ayuntamientos catalanes son de la desaparecida CiU, ERC y la CUP.

El Estado, es evidente, tratará de retirar el mayor número posible de urnas. Pero, ¿quién lo hará físicamente?

La gran interrogante a día de hoy es qué decisión adoptarán los Mossos. Si seguirán los pasos de los letrados del Parlament y del Consell, y abrazarán la legalidad, lo que sería otro durísimo revés para el secesionismo, superior incluso al del miércoles, si se dividirán o si tolerarán la consulta ilegal. Ni los resultados ni la imagen de la jornada que se transmita al mundo serán iguales.

La otra incógnita por desvelar, la de fondo, la verdaderamente relevante es hasta dónde forzará la máquina el independentista. Si el día 1, o antes, querrá jugar la baza de sacar a la calle a miles de simpatizantes para seguir el desafío al Estado, como ya ha amenazado ERC. O si más pronto que tarde aceptará volver al carril de la legalidad, se celebrarán elecciones autonómicas y el nuevo Govern negociará un nuevo marco de autogobierno pactado con el Estado.

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