Un culpable que no rectifica

Braulio Gómez
BRAULIO GÓMEZ

La pelea contra el nacionalismo catalán la empezó el Partido Popular en 2006 recogiendo firmas por toda España contra Cataluña. El pretexto era rechazar el Estatuto que había aprobado el Parlamento de Cataluña. La realidad estaba relacionada con aprovechar una nueva dimensión de combate político, la del españolismo, que era rentable en votos en todas las comunidades autónomas menos en las dos únicas naciones del Estado español, Euskadi y Cataluña. Había encontrado un cuadrilátero a su medida en el que golpeaba a su único rival de aquellos días, el Partido Socialista, que nunca se sintió cómodo haciendo política con la defensa de la bandera española. El Partido Popular aprovechó su mayoría de perfil conservador en el Tribunal Constitucional para tumbar la norma legal autonomista que había aprobado democráticamente el pueblo catalán. Quizás algunos lo olvidan interesadamente en los análisis, pero en el último referéndum legal celebrado en Cataluña el 18 de junio de 2006, el 74% de los catalanes aprobaban un estatuto que fue recurrido por el Partido Popular y que el Tribunal Constitucional laminó el 28 de junio de 2010.

Este es el verdadero y principal punto de inflexión del incremento exponencial de ciudadanos independentistas en Cataluña. El año 2006, el año de aprobación del Estatuto, tan solo un 13% respaldaba que Cataluña fuera un Estado independiente. A final de 2010 esa cifra ya se doblaba. Más de un millón de catalanes asistieron a la manifestación del 10 de julio de 2010 encabezada por el que fuera president de la Generalitat, el socialista Josep Montilla, bajo el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos». Este es el punto de arranque del juego político que desde entonces se desarrolla en Cataluña en el que los antiguos moderados de CiU han pasado a encabezar un proyecto soberanista con un único punto en su programa, la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

El presidente Mariano Rajoy se encontró al llegar al Gobierno en 2011 con el problema territorial que su partido había creado con la intención de mejorar sus expectativas electorales en el resto del Estado español. Lejos de intentar ofrecer soluciones que pudieran ayudar a corregir sus propios errores políticos, persistió en ellos cortando cualquier diálogo político con las autoridades políticas catalanas y pervirtiendo aún más el carácter jurídico del Tribunal Constitucional. En 2015 modificó la ley que rige el funcionamiento de este tribunal para que el Ejecutivo, o sea su Gobierno, pudiera pedir al tribunal que haga labores políticas como «velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones». En vez de ofrecer espacios de encuentro y de diálogo, lo que ha ofrecido a Cataluña es la politización de las estructuras del Estado español para que la separación de poderes no pueda frenar su visión centralista y homogénea del territorio donde solo se puede hablar de una nación, la española.

La solución al problema real que existe actualmente en Cataluña no va a pasar por el referéndum ilegal del 1-O, sin garantías, sin deliberación, sin información objetiva, sin neutralidad del convocante, sin censo, sin consenso entre los propios catalanes, sin umbral mínimo de participación, sin reconocimiento internacional. Sólo una nueva mayoría en el Congreso puede habilitar la posibilidad de que se pueda convocar el referéndum legal que lleva pidiendo más del 80% de la ciudadanía catalana de forma sostenida desde 2010, desde que el Partido Popular a través del Tribunal Constitucional decidió enfrentarse a la decisión legal y mayoritaria de los catalanes que habían aprobado su encaje en el Estado español a través de un nuevo Estatuto.

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