Claridad

JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA

El president Puigdemont trató anteayer de salir del laberinto en que se hallaba como lo hacen los calamares cuando se ven acosados: creando oscuridad y confusión en su derredor. En una sinuosa intervención, logró que ni sus propios aliados supieran, tras oír sus palabras en el Parlament, si seguían viviendo en el Reino de España o en la República independiente de Cataluña. Dio primero vergonzantemente por declarada la independencia en virtud de la ley y el mandato popular; propuso de inmediato que la Cámara la dejara en suspenso; y, para complicar más el embrollo, acabó firmando, fuera ya del ámbito institucional del Parlament, un grandilocuente documento que, esta vez sí, la proclamaba solemnemente “ante todos los pueblos del mundo”. Tal ejercicio de prestidigitación será muy difícil de emular en el futuro de la política.

No era esto, sin duda, lo que al president le habría gustado hacer. Su talante le empujaba a ir más por derecho. Pero se vio forzado a ello por una súbita acumulación de circunstancias que lo hicieron bajar a la realidad. La decidida actitud de los líderes de la Unión Europea, la estampida de emblemáticas empresas del país y la repentina visibilización de una numerosa ciudadanía que, hasta el momento, se había mantenido invisible le hicieron ver que el muro contra el que chocaría era infranqueable. No tuvo más remedio que, aun a riesgo de decepcionar a aliados y seguidores, dar un brusco giro y cambiar la confrontación por el ofrecimiento de diálogo.

Hay que reconocer que hubo quienes de inmediato entraron al trapo. Entre los buenistas, de un lado, y los interesados, de otro, surgieron adeptos a la doctrina que acababa de proclamar el president. Su defensa de la negociación no la tomaron como un reconocimiento de impotencia y la búsqueda de un respiro en su alocada carrera a ninguna parte, sino como una invitación franca y sincera a abrir un proceso en el que cupieran cesiones y transacciones. Se llegó incluso a pronunciar el mantra que tanto se ha popularizado entre bienintencionados y aprovechados en los últimos meses -el 'referéndum legal y pactado'-, como si el margen que permite la Constitución fuera tan flexible que cualquier solución cupiera en ella.

Por fin, ayer, la reflexión comenzó a tomar el puesto que en las primeras horas ocupó la precipitación. Se pidió lo primero que es preciso exigir cuando se instala la confusión: claridad. En eso consiste el requerimiento que el Gobierno ha dirigido al Ejecutivo de la Generalitat para que aclare qué es, de entre tantas ambigüedades, lo que realmente se quiso decir respecto de la independencia de Cataluña y, más en general, de la disposición a acatar la ley. No resulta, en efecto, posible emprender un diálogo operativo sin que los interlocutores sepan de antemano a qué atenerse en cuanto al sentido de las palabras que emplean y los objetivos últimos que persiguen.

A nadie se le oculta que el requerimiento implica la posibilidad, y así se ha reconocido, de activar el artículo 155 de la Constitución. Y nadie ignora tampoco que tal activación supone adentrarse por un camino desconocido y muy mal señalado que puede conducir a un terreno pantanoso en el que quien lo transita acaba enfangado. Y así, si el requerimiento de claridad resulta plausible, la aplicación del 155 que aquél implica requiere de la máxima precaución.

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