Cataluña, al límite

La Generalitat y el independentismo están logrando el efecto que querían al organizar un referéndum ilegal: quebrar el país

EL CORREO

El desafío a la legalidad constitucional y estatutaria adquirió ayer una dimensión inusitada, con los responsables del Gobierno de la Generalitat dedicándose a promover y auspiciar el incumplimiento de la ley. Puigdemont y sus aliados desoyeron las reiteradas llamadas a desconvocar la movilización que emulaba una consulta, cuando ésta ni era legal ni iba a ser posible. La Generalitat no tuvo problema en convertir a los Mossos d’Esquadra en un cuerpo connivente con el 1-O, al limitarse a levantar actas. Al tiempo que la Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron con contundencia en colegios y mesas para incautar urnas y papeletas siguiendo las indicaciones de impedir la celebración del referéndum. Los máximos responsables de la Generalitat y los portavoces de la ANC hicieron de la acción de las fuerzas policiales dependientes del Gobierno central el argumento principal del 1-O, confrontando en su relato la conducta «cívica y pacífica» del independentismo con la coerción que imputan al Estado constitucional. Así es como trataron de soslayar tanto la manifiesta ilegalidad de su iniciativa como el hecho de que la consulta simulada no sirviera ni de indicio plebiscitario. La ocupación de las instalaciones señaladas para el 1-O no fue cívica, en tanto que contraviene resoluciones judiciales. La organización de un ‘a modo de consulta’ con un ‘censo universal’ que se sustraía escandalosamente a la normativa de protección de datos, con mesas de votación sin supervisión alguna en las que se identificaba a los ciudadanos participantes incorporándolos a una base sin control, con urnas en la calle y con la posibilidad de que se proceda a un recuento a bulto que los promotores del 1-O presenten como escrutinio definitivo, supone un inmenso despropósito que Puigdemont y Junqueras han tratado de obviar en cuanto a sus responsabilidades directas. El empeño por presentarse ante la opinión pública internacional como las víctimas del Estado de Derecho y no como sus desestabilizadores tampoco puede lograr el efecto que querían los organizadores de un referéndum que se sabía ilegal incluso antes de idearlo.

Visión política

El independentismo necesita creer que ha ganado su propio desafío. Pero nadie puede pretender la gestación de un nuevo Estado previa vulneración de los fundamentos del sistema democrático. El desafío afecta a la democracia en su conjunto no sólo porque pone a prueba la solidez del Estado de Derecho. Afecta a la democracia en su conjunto porque hay un propósito inequívoco en quienes fomentan y auspician la desconexión de Cataluña por la vía de los hechos: quebrar la cohesión territorial de España, desbordar el Estado de las Autonomías, para así abrirse paso en tierra de nadie. Ayer no se produjo un referéndum de autodeterminación, como dejó claro el presidente Rajoy al término de la jornada, sino una «mera escenificación». No se debe negar durante más tiempo la existencia de un grave problema en Cataluña que corre el riesgo de dejar de ser solamente político y emocional para convertirse en social y de pura convivencia, pero tampoco debe admitirse que el régimen constitucional surgido en 1978 se liquide por la vía de una superación no democrática de sus principios y garantías. Las fuerzas constitucionalistas están emplazadas a reaccionar con propuestas que restablezcan la sensatez, adelantándose a cualquier declaración unilateral de independencia, abriendo vías para un diálogo que a corto plazo consiga una distensión de la situación y frene la fractura social y trabaje en el largo conjugando el respeto a la legalidad con la visión y la inteligencia política necesarias.

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