La campaña de Puigdemont

El autoexilio del expresident distorsiona la realidad del Estado de Derecho en España y condiciona a su favor al independentismo

La campaña de Puigdemont
EL CORREO

El juez de Bélgica que instruye la causa sobre la extradición de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros autoexiliados en ese país -una entrega que solicitó ayer la Fiscalía- ha aplazado su declaración hasta el 4 de diciembre. De esa forma, las comparecencias y las primeras decisiones judiciales relacionadas con ellas se producirán en la antesala de las elecciones del 21-D. El expresidente de la Generalitat destituido en virtud del 155 de la Constitución no solo se permitirá protagonizar la campaña desde Bélgica y a través de declaraciones a medios extranjeros, sino que intentará así que el veredicto de las urnas se vea afectado por la resolución que adopte el juez. Sea esta favorable o contraria a la petición de la Justicia española, la huida de Puigdemont constituye un factor de distorsión en un doble sentido. Por una parte, porque extiende sobre el sistema de garantías español una sombra de sospecha. La misma que, aunque sea a modo de trámite convencional, ha llevado a la Fiscalía belga a recabar información sobre las condiciones carcelarias en nuestro país y, en general, a someterlo a un examen prejuicioso sobre la calidad de su Justicia y su democracia. Por otra, porque el candidato Puigdemont se ha apoderado de buena parte de la escena independentista, ha obligado a su partido -el PDeCAT- a retirarse a un segundo plano, y ha convertido su anómala situación en un recurso electoral ventajista frente a las demás fuerzas políticas con las que compite por el voto; en especial, las secesionistas. Ante una eventual puesta en libertad de Oriol Junqueras (ERC) y los exconsejeros encarcelados por la Audiencia Nacional, Puigdemont se vindica como legítimo presidente de la Generalitat y encarnación de la república catalana en días que alterna con otros en los que parece mostrarse algo más realista. Los tiempos de la Justicia discurren en paralelo y al margen de la agenda política. Pero lo distintivo del caso es que Puigdemont trata de convertir la investigación judicial que pesa sobre su conducta en un auto acusatorio contra el modo en que el Estado de Derecho se hace realidad en España. Al margen de sus posibles efectos judiciales y electorales, con esa actitud pretende dar consuelo al independentismo en su particular y ensimismada condena al Estado constitucional.

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