Una campaña, dos frentes

Los catalanes decidirán su voto el 21-D por razones políticas, pero lo que pase en los tribunales también puede influir

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Cataluña ha arrancado la carrera hacia las urnas más convulsa de su historia. Es improbable que alguien albergara dudas al respecto. Pero por si acaso ayer se pusieron las cartas sobre la mesa.

Las autonómicas del 21 de diciembre, convocadas por primera vez por el presidente español en aplicación del artículo 155 de la Constitución, tendrán una precampaña y una campaña, como es usual, pero dos frentes. La política seguirá siendo determinante a la hora de que los ciudadanos decidan su voto. Pero es más que probable que lo que suceda en los tribunales juegue también un papel.

El pulso entre el independentismo y el Estado suma y sigue encontronazos. ¿Protagonistas de ayer? El president Puigdemont, quien volvió a reivindicar su gabinete como el único Govern legítimo de Cataluña pese a que todos sus miembros fueron cesados por Rajoy. Y la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional y su compañero del Supremo Pablo Llaneras.

Pese a las reiteradas calabazas de la comunidad internacional, Puigdemont sigue empeñado en internacionalizar el desafío catalán a casi cualquier precio. Incluidos el victimismo y la mentira. Ayer casi lo imploró.

El president no va a pedir asilo en Bélgica. No de momento. Posiblemente porque no tiene ganas de arriesgarse a recibir otro sopapo político aunque se haya buscado un carísimo abogado de etarras que no ha desvelado quién va a pagar. Eso sí, parece que se va a quedar atrincherado en Bruselas, si no se esconde en otra ciudad, hasta disponer de «garantías» de que va a tener un juicio ‘justo’ en España.

Junto a él ayer se quedaron cinco consellers después de que Joaquim Forn y Dolors Bassa regresaran a la ciudad condal por la noche. En Barcelona siguen el exvicepresident Junqueras y otros cuatro ex. ¿Es que estos siete no temen por su seguridad y sí tienen garantías de recibir un trato justo en los tribunales y los primeros no? ¿Unos/as son más duros/as que otros/as?

La realidad tiene poco que ver con garantías. Simplemente es que el honorable Puigdemont -el cese no implica pérdida del tratamiento- no concibe tener que afrontar una eventual petición fiscal de 30 años de cárcel «por aplicar el programa electoral». Lo mismo le ocurre a los consellers. «Para nosotros es inconcebible que un juez nos mande a prisión por lo que hemos hecho», dijo Forn.

Da igual que por el camino, para tratar de imponer ese programa, se hayan arrasado la Constitución, el Estatuto, los derechos políticos de la oposición y el Código Penal. Da lo mismo.

El juez del Supremo Pablo Llaneras ha citado para mañana y para el viernes a la presidenta del Parlament y a los cinco miembros de la Mesa de la Cámara que tramitaron la declaración unilateral de independencia. La jueza Lamelas de la Audiencia Nacional -la misma que encarceló a los ‘jordis’- ha hecho otro tanto con Puigdemont y sus trece exconsellers, además de darles tres días para que abonen una fianza de más de 6 millones de euros.

¿Acudirán Puigdemont y sus siete exconsellers? ¿Lo harán los cinco de Barcelona? Si la respuesta es negativa la Fiscalía dictará órdenes internacionales de captura. ¿Alguno irá a prisión?

Puigdemont no hizo ayer sino arrancar la campaña. Lo ocurrido estos dos últimos años y las propuestas políticas serán decisivas, sí. Pero lo que suceda en los palacios de Justicia, esta vez, también.

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