Bajo control

Editorial

El Gobierno examinará cada semana los gastos de la Generalitat como medida preventiva para evitar el referéndum

La opacidad con que el Gobierno catalán prepara el imposible referéndum del 1-O ha encontrado la horma de su zapato en la minuciosidad del Gobierno central a la hora de controlar los gastos impropios de la autonomía catalana.

El Ejecutivo ha decidido utilizar las normas en las que se basa el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para asegurarse de que «ni un euro de los catalanes va a ir a sufragar la consulta ilegal». Con este objetivo, el Ministerio de Hacienda controlará semanalmente los gastos de la Generalitat y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ha exigido a los interventores de todas las consejerías, a los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, al director de Presupuestos y al de Política Financiera, Seguros y Tesoro certificados semanales sobre los gastos.

No es la primera vez que se da una vuelta de tuerca a este control: en noviembre de 2015 ya se pidió cuenta pormenorizada del gasto a la Generalitat, pero mensualmente. Y el pasado día 5, el Tribunal Constitucional declaró nulas todas las partidas del Presupuesto catalán encaminadas a financiar el referéndum. Ahora la vigilancia se vincula a un posible recorte de la financiación.

El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es, como se sabe, una línea de crédito creada por el Estado en julio de 2012, en plena crisis económica, para que las comunidades autónomas no tuvieran que financiarse a tipos exorbitantes en los mercados. Y, lógicamente, entre las condiciones del crédito están la preferencia de aplicarlo a devolver la deuda y el ajuste estricto del gasto a las previsiones presupuestarias.

Desde 2012, Cataluña ha recibido del FLA y del fondo de pago a proveedores 58.943 millones, 3.600 millones este año. Es la comunidad que más ha recibido, el 32% del total. Poder contar con esta fuente de financiación es básico para el buen funcionamiento de las autonomías, puesto que les garantiza afrontar a tiempo los compromisos de pago. El rigor del Gobierno aplica la legalidad vigente y se limita a exigir la buena administración del dinero público. En todo caso, estos obstáculos políticos y financieros al referéndum no impiden considerar la celebración de la consulta como un ilícito penal en el que podrían concurrir delitos de prevaricación y malversación.

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