Avance en igualdad

La equiparación de los derechos de paternidad y maternidad de los empleados públicos vascos abre una brecha con las empresas privadas

Avance en igualdad
EL CORREO

Los funcionarios de la Administración vasca dispondrán de las mismas semanas de permiso -hasta 18- cuando sean padres o madres. El anteproyecto de Ley de Empleo Público equipara los derechos y opciones de los integrantes de la pareja que se haga cargo del recién nacido o del menor adoptado. La medida, sujeta a la correspondiente tramitación parlamentaria y, en lo posible, al acuerdo con los sindicatos, supone un importante avance en términos de igualdad de género, en cuanto a la conciliación entre las obligaciones o aspiraciones profesionales y la vida personal y familiar, y sobre todo respecto al cuidado efectivo de recién nacidos o menores en un ambiente acogedor. De ese modo, y por ley, la Función Pública vasca establecería un modelo de permisos retribuidos al 100% e intransferibles que favorecerían la libre decisión de procrear, acoger o adoptar entre las y los empleados de la Administración de Euskadi. Pero la iniciativa suscita una inmediata sensación de incomodidad y de injusticia en tanto que la ley no alcanza al conjunto de las relaciones laborales. La simple idea de que el funcionariado vasco pueda contar con un estatus proclive a una maternidad o paternidad mucho más conciliables que el resto de las trabajadoras y trabajadores del país abre una brecha de la que no pueden desentenderse las instituciones afectadas (Gobierno y Parlamento). El impulso que se pretende dar a una conciliación igualitaria con la nueva Ley de Empleo plantea una reflexión sobre la posibilidad de promover medidas análogas en las relaciones laborales del ámbito privado. Si eso no fuera así por razones de índole económica o por la falta de voluntad o entendimiento entre las partes, el sector público vasco se convertiría en algo así como un espacio privilegiado en el avance hacia una sociedad más justa, a distancia de las condiciones contractuales que no solo dificultan, sino que penalizan la maternidad y hasta el embarazo. Las instituciones de Euskadi cuentan con un margen normativo y, sobre todo, con una capacidad de influencia política y persuasión suficientes para avanzar en ese terreno con el apoyo de los agentes implicados. En definitiva, para implicarse con pasos valientes en una arquitectura más compleja y justa para la igualdad.

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