La RGI, una apuesta por la solidaridad

La huella digital debe respetar la protección de datos y no estigmatizar a sus perceptores

La voluntad del Gobierno vasco de implantar de forma obligatoria la huella digital entre los más de 58.000 beneficiarios de la RGI./
La voluntad del Gobierno vasco de implantar de forma obligatoria la huella digital entre los más de 58.000 beneficiarios de la RGI.
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Euskadi cuenta con uno de los sistemas de protección social más avanzados de Europa. La Renta de Garantía de Ingresos (RGI), pionera en su día en España, constituye el pilar básico de un modelo de solidaridad que debe ser un motivo de orgullo colectivo y que ha contribuido de forma eficaz a la lucha contra la pobreza. El Gobierno vasco se dispone a modificar la norma que regula esta ayuda para adecuarla a las nuevas realidades familiares y de convivencia, y mejorar su funcionamiento. La necesidad de esa reforma es tan indiscutible como la de resolver los serios problemas existentes en la gestión de la RGI, que han tensionado al límite las costuras de Lanbide, y reforzar su vinculación con la inserción laboral. Porque la vía más efectiva para huir de la exclusión social es el empleo estable y con salarios dignos. La Renta de Garantía de Ingresos refleja un loable compromiso por intentar asegurar unas condiciones de vida digna a los más desfavorecidos. El encomiable esfuerzo económico que realiza Euskadi en esta materia -unos 500 millones de euros al año- visualiza una decidida apuesta por la justicia social, cuya necesidad queda fuera de toda duda. La reforma de la RGI actualiza las prestaciones mínimas, establece que solo podrá percibirse una por hogar -con excepciones- y facilita el acceso a esta ayuda a las personas con hijos menores a su cargo y a los refugiados o demandantes de asilo. Además, refuerza los mecanismos de control para combatir con mayor eficacia un fraude que, aunque mínimo, tiene efectos devastadores. No ya porque algunos casos aislados revelen un descontrol injustificable, sino porque distorsionan la auténtica realidad de la RGI por el empeño de algunos sectores en alimentar una peligrosa demagogia basada en falsedades e, incluso, una burda xenofobia. La voluntad del Gobierno vasco de implantar de forma obligatoria la huella digital entre los más de 58.000 beneficiarios de la RGI y los demás usuarios de Lanbide no es ajena al objetivo de reforzar la seguridad del modelo, por mucho que se presente como una medida más para modernizar la Administración. Esa iniciativa supone una abierta rectificación por parte del PNV y del PSE, que hasta ahora habían demonizado al PP por plantearla. Su eventual puesta en marcha en ningún caso debe estigmatizar a los perceptores de la RGI, y tendría que incluir toda suerte de cautelas para garantizar los derechos de los ciudadanos y no chocar con la nueva regulación europea de protección de datos, que es muy estricta al respecto.

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