El aprendizaje democrático de las religiones

José Ignacio Calleja
JOSÉ IGNACIO CALLEJAProfesor de moral social cristiana

Cada vez que un atentado yihadista golpea a la vieja Europa, las religiones vuelven a estar en la picota, suscitándose un debate interminable. En absoluto creo que la solución es fácil, pero hay conceptos que, una vez asimilados, ayudan mucho a aclarar la diferencia entre lo legítimo en libertad para cada uno y lo abusivo en particularismos de grupo. Está de más decir que en el terrorismo yihadista la religión juega un papel subordinado a una estrategia de lucha por el poder político y económico, en el inmenso mundo árabe y musulmán y en el mundo capitalista en cuanto tal. El cruce de intereses geoestratégicos y económicos en la zona es proverbial; las guerras de Afganistán, Irak, Siria, Yemen y, a su modo, Libia y Egipto lo ponen bien a las claras.

Por eso digo que el reclamo sobre la religión, y el muy complejo Islam en particular, juega un papel tan destacado en el imaginario popular como subordinado en la realidad. A mi juicio -y creo mucho en el condicionamiento de las creencias e ideales sobre las reacciones humanas-, la religión desempeña en este caso un papel instrumentalizado por factores materiales mucho más determinantes. Dicho esto, vuelvo a la vieja y benéfica idea de que hay conceptos éticos y políticos que ayudan a encarar con garantía el lugar de las religiones en las culturas particulares y, a la vez, globalizadas. Tales son los de secularización del mundo y laicidad de la política. Son de origen occidental, es cierto, pero equivocarlos con un nuevo modo de colonialismo de la cultura grecolatina sobre todas las demás, y en particular, sobre la musulmana, es un inmenso error.

Cualquier sistema de creencias religiosas y cualquier cosmovisión no religiosa tienen que confrontarse con esta doble idea. La secularización reconoce que el mundo en todas sus expresiones es mayor de edad y goza de autonomía propia. La ciencia, la política, las artes y la ética, participan de esa mayoría de edad y tienen autonomía. No están sometidas a la tutela de autoridades ajenas que les dictan desde fuera lo que es verdad, lo que es bello, lo que es justo y bueno. No hay religiones que se encarguen por revelación divina de conocer para el mundo de los creyentes o no creyentes, de manera universal, todo eso que llamamos verdad, bondad y belleza. Nadie puede reclamar que -en su cultura-, una religión o una nación definen para todos lo que hemos de saber, lo que hemos de creer, lo que hemos de valorar. El mundo es mayor de edad y autónomo, y lo es a la medida de los humanos. No somos dioses. Una autonomía que no es absoluta, sino relativa, pero relativa a la dignidad humana que entre todos vamos desvelando en su significado, y así la vamos haciendo ley común. Es el marco de los derechos humanos, cuya interpretación es discutida en no pocos casos, pero de esa discusión sólo se sale por la argumentación filosófica, experiencial y religiosa, por la democracia y, a veces, la objeción de conciencia. Evidentemente, una religión puede pedir de los suyos esta o aquella exigencia más precisa sobre el pensar, el votar o el obrar moral, pero eso, para los suyos, por causa de su fe. A los demás, se lo propone. Alguna vez, la contradicción reclamará la objeción de conciencia, pero nunca el terror y la violencia para imponer el bien según una concepción religiosa o nacional. Ni en la propia cultura ni en la ajena, la religión puede ignorar este proceder. Y si desde dentro de ella, esta idea es inaceptable, el problema es de la religión no de la cultura democrática. (Ahora no hablo de los lastres de ésta).

Y lo mismo viene avalado por el otro gran concepto ético en política, la laicidad. La laicidad de la política como condición formal del procedimiento democrático. Por esta condición, el Estado no tiene una religión propia, ni una cosmovisión no religiosa y alternativa a las religiones. No, el Estado tiene una ley común que se atiene a los derechos humanos y que respeta el libre juego de las concepciones culturales de sus ciudadanos, ¡religiosas o no!, exigiendo de todas argumentos, tolerancia y cumplimiento de la ley democrática. No hace falta que las religiones o las cosmovisiones no religiosas se escondan, para evitar el conflicto. No sería justo con la libertad. Lo que se requiere es gente -religiosa o no, cristiana o musulmana, agnóstica o atea- que respeta al mundo en su autonomía o mayoría de edad, ¡el mundo de los iguales en derechos y deberes!, convive y debate en el campo de juego de las leyes comunes, y, si es preciso oponerse al fondo moral de alguna de ellas, lo hace en cauces democráticos y con razones éticas que los demás pueden entender. No se trata, en suma, de arrinconar las religiones en la conciencia de las personas, o en el pueblo de origen de los refugiados y migrantes, sino de reconocer lo dicho: vienes a un mundo donde la religión es particular y, su traducción a la vida pública, un derecho democrático ejercido en igualdad a los demás ciudadanos; y traducido de un modo que respete la mayoría de edad del mundo, la laicidad del Estado y los derechos humanos fundamentales de todos (y todas). La religión, la nación, la cultura propia y cualquier concepción del mundo, ¡ajena o del lugar!, no conservan derechos que puedan quebrar este doble principio que he querido presentar. Con esto, la religión, cualquier religión y concepción de la vida, está pertrechada para caminar en el laos, el pueblo de los iguales en derechos y deberes, y evitar toda tentación de terror y violencia.

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