Actúa la Fiscalía

Las querellas contra Puigdemont y sus colaboradores apuntan graves delitos como cabecillas de un «levantamiento violento»

EL CORREO

Las responsabilidades contraídas por los hasta ahora máximos dirigentes de la Generalitat se trasladaron ayer al ámbito judicial con las dos querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado nada menos que por supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y otros. Ante el Tribunal Supremo, contra los integrantes de la Mesa del Parlamento catalán. Y ante la Audiencia Nacional, por los ilícitos que hubieran podido cometer Carles Puigdemont y su Gobierno. Se trata de un mismo relato de imputaciones que se desdobla solo en la especificación de las respectivas actuaciones y en la situación aforada o no de los querellados. La narración de hechos describe de manera pormenorizada cómo estos incurrieron presuntamente en un «concierto de voluntades», durante los dos últimos años, con el «fin perseguido de declarar la independencia de Cataluña». Para ello, violaron la Constitución «a partir de la presentación, tramitación, aprobación y ejecución de la llamada ley del referéndum de autodeterminación». La Fiscalía señala el 1 y el 27 de octubre -el día de la consulta ilegal y el de la declaración de independencia- como los momentos culminantes de «un levantamiento violento (…) propiciado e impulsado» por ellos. La propia querella se cura en salud al contemplar la posibilidad de que el delito de rebelión pueda verse rebajado al de sedición en tanto que «rebelión en pequeño». Pero mantiene en todo momento la idea de que tales imputaciones no requieren el uso directo o inducido de violencia física. A su entender es suficiente la intimidación hacia la población mediante el empleo continuado de medidas «fuera de las vías legales». La calificación jurídica y judicial de los hechos no podrá desentenderse de la conducta próxima de los querellados en la medida en que esta revele las intenciones de cada cual. Resulta controvertida la extensión del concepto de violencia a actuaciones presuntamente intimidatorias, difíciles de objetivar como tales. Desde el más escrupuloso respeto a la presunción de inocencia, las dos querellas relatan graves actuaciones cuyas posibles consecuencias penales determinará la Justicia. El misterioso viaje a Bélgica de Puigdemont y cinco de sus exconsejeros y las especulaciones sobre una posible petición de asilo en ese país -como si España no fuera un Estado democrático y de Derecho- causaron ayer sorpresa. Pero no tanta como la contratación, por parte del expresidente de la Generalitat, de un abogado que ha defendido en los últimos años a varios miembros de ETA.

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