Cinco magistrados del Constitucional, partidarios de que Osakidetza atienda a los ‘sin papeles’

Cinco magistrados del Constitucional, partidarios de que Osakidetza atienda a los ‘sin papeles’
JON RODRIGUEZ

División en el alto tribunal al dictar la sentencia que impide a Euskadi prestar servicios sanitarios a extranjeros en situación irregular

A. LAFUENTE

Cinco de los 12 magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional se opusieron a la sentencia que impide al País Vasco seguir prestando atención sanitaria integral a los inmigrantes ‘sin papeles’ con tres meses de residencia en Euskadi. El alto tribunal mostró así una división inusual sobre la resolución que prohíbe a los profesionales sanitarios atender a extranjeros en situación irregular en Euskadi.

Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer emitieron de manera conjunta un voto particular, mientras que Antonio Narváez aportó a la resolución un texto discrepante propio. Los cuatro primeros consideran que «ante la constatación de que la reforma del Sistema Nacional de Salud ha dejado sin cobertura sanitaria a determinados colectivos, el mínimo estatal, antes universal, resulta ahora susceptible de mejora por las comunidades autónomas...». Y en ese sentido creen que el Estatuto de Gernika permite a Euskadi «ampliar el ámbito subjetivo de la cobertura sanitaria...».

El Gobierno vasco ya anunció la semana pasada que estudia la fórmula para seguir prestando atención sanitaria integral a los inmigrantes ‘sin papeles’ con tres meses de residencia en Euskadi. Esto es lo que se desprendió de la intervención realizada por el consejero de Salud en el Parlamento. Jon Darpón respondía a una pregunta de la diputada de EH Bildu Eba Blanco.

Amnistía Internacional

Mientras tanto, hoy mismo Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC han denunciado que la sentencia del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.

En su opinión, «la reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en País Vasco y en las comunidades autónomas que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno».

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