La sede de Hacienda en Miranda pierde el 70% de su plantilla en una década

Las actuales instalaciones de la administración del Estado en la ciudad se inauguraron en septiembre de 2009. / A. GÓMEZ

La Agencia Tributaria cuenta en la ciudad con 7 empleados, frente a los 23 que prestaban servicio a finales de 2007

CRISTINA ORTIZ

La sede de Hacienda en la ciudad ha perdido el 70% de su plantilla en la última década, hasta reducir su personal a 7 funcionarios, un número «mínimo para no echar el cierre definitivo», en opinión de Gestha, el sindicato de Hacienda, en Castilla y León, que teme que la situación pueda derivar a largo plazo en el cierre de un servicio esencial para la ciudadanía. Una lectura que consideran más que plausible si se tiene en cuenta que en diez años la Agencia Tributaria ha visto reducido en 16 personas el colectivo vinculado a la entidad en la ciudad. Al concluir 2007 había 23 funcionarios ligados a esta oficina de la administración estatal en la ciudad.

Una merma muy drástica que no vendría justificada por la caída de actividad en la ciudad y sobre la que el sindicato de Hacienda en su día ya pidió explicaciones a los responsables de la institución, pero «no nos han dado ninguna. Se empezó la reducción con los recortes de la crisis pero en Miranda parece que se han pasado de frenada a la vista de los datos. Es, con diferencia, la que más ha sufrido la reorganización de las administraciones en Castilla y León», apuntaron.

Y es que aunque la pérdida de personal no es exclusiva de la sede de la ciudad, sí es aquí donde es más elevada, tanto en número de puestos perdidos como en porcentaje que representan los mismos. De todos modos, Gestha también entiende que las oficinas de Benavente y Béjar, cuentan con el mínimo de trabajadores «para no echar el cierre definitivo. Al igual que Miranda, las localidades zamorana y salmantina tienen también 7 personas en plantilla, aunque en su caso la pérdida en la última década es algo menor, representa el 50% y el 30%, respectivamente, ya que tenían 14 y 10 empleados a finales de 2007.

Pero la situación se repite en distintas sedes de la región, ya que Astorga en el mismo periodo ha perdido el 40% de la plantilla; Medina del Campo, el 35%; Ponferrada, el 34%; Aguilar de Campoo, el 27%; Ciudad Rodrigo, el 19%; y Aranda, la otra sede de Burgos fuera de la capital provincia, ha visto reducido su personal el 21%. Hace diez años tenía 24 funcionarios y ahora cuenta con 19. Ha perdido 5.

Pero esta no es la primera ocasión en la que se advierte sobre los recortes de plantilla de la Agencia Tributaria en la ciudad. Cinco años atrás, el entonces alcalde, Fernando Campo, denunció públicamente la pérdida de servicios que se iba a producir con la entrada en vigor de una nueva reordenación para las sedes de Miranda y Aranda que, tal y como recogía en el anuncio del BOE, pasarían a «prestar básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende».

Enunciado que se temió que pudiera implicar el tener que desplazarse a Burgos a hacer distintos trámites, pero que responsables del servicio apuntaron que hacía referencia a que los expedientes presentados en la ciudad pudieran ser gestionados por funcionarios en otros emplazamientos.

«Han pasado unos años de ese anuncio y podemos ver que en Miranda el resultado es dramático. No hay ninguna razón por la que debiera perder tanto», destacaron. Máximo porque en localidades cercanas de otra región como La Rioja, tanto en Haro como en Calahorra «siguen con una plantilla parecida a a de hace diez años, no han sufrido esa rebaja».

Servicios públicos

En Gestha Castilla y León aseguran ser conscientes de la revolución que ha supuesto el uso de las nuevas tecnologías en la prestación de servicios públicos, ya participan del esfuerzo realizado por Hacienda para asumir dentro de la administración pública el liderazgo en el desarrollo de estas herramientas. Sin embargo, estiman que «el uso de las nuevas tecnologías, y la reorganización de personal que eso conlleva, es plenamente compatible tanto con una gestión eficiente de los recursos humanos como con una adecuada prestación de servicios públicos allí donde hay población que la necesita».

Por eso, lamentan que la Agencia Tributaria pretenda «justificar su política de reducción de personal en la administración periférica con los mismos motivos que han llevado a las corporaciones privadas (banca, eléctricas o telefonía) a reducir la plantilla de sus sucursales, sin reparar en que los servicios públicos no comparten con los privados ni los objetivos (el beneficio económico frente a la igualdad y el bienestar social), ni los destinatarios (clientes frente a ciudadanos). «No podemos consentir que la despoblación avance por la supresión de la presencia de la administración pública del Estado en lugares estratégicos de nuestra comunidad, algunos de ellos con una actividad económica e industrial de primer orden», zanjaron.

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