Detenido un trabajador municipal por un presunto delito de falsedad documental

El arresto fue llevado a cabo por efectivos de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras (BLEF), de Miranda, en el marco de la operación 'Toubkal', que se ha llevado a cabo junto con la UCRIFII de Alicante.

La enumeración de los delitos por los que el empleado municipal está siendo investigado se derivan de su posible implicación en la alteración de las fechas de inscripción en los volantes de empadronamientos emitidos por el Servicio de Atención Ciudadana (SAC); variaciones que pudo efectuar «a petición de un ciudadano marroquí que actuaba como intermediario localizando a personas extranjeras, en su mayoría compatriotas y que estuvieran en España de forma irregular», según informa la Policía Nacional.

Esta circunstancia ha pasado desapercibida durante algún tiempo porque en un principio se achacó a un error informático, pero las posteriores investigaciones han concluido considerando que la persona detenida lo que estaba realizando era «un favorecimiento» para la comisión de un delito de inmigración irregular.

La situación al margen de la ley de estos inmigrantes se producía porque con el cambio en las fechas de empadronamiento los extranjeros implicados justificarían su permanencia en el país durante un tiempo en que eso no era así. Podían de este modo pedir un permiso de residencia por circunstancias especiales que no les correspondía ya que «se creaba la ficción de un arraigo en España que no exista realmente y era necesario para conseguir el permiso de residencia».

La investigación, aún abierta, y que podría derivar en más detenciones –en este caso de beneficiados por las irregularidades cometidas por el acusado de los presuntos delitos–, sí ha establecido en su fase policial que el detenido ha alterado al menos cincuenta y ocho certificados de empadronamiento y que por cada una de las modificaciones habría recibido alrededor de 2.000 euros, así que se estaría hablando de una suma total que rebasa los 100.000.

Antecedentes

La operación, calificada desde la Policía Nacional como «especialmente compleja», saltó a la palestra en diciembre del pasado año, momento en el que un funcionario del SAC ubicado en el Centro Cívico Raimundo Porres fue detenido.

En vista del giro que ha dado la investigación, su abogada apunta que se va a plantear el sobreseimiento de la causa respecto a su defendido., ya que sería de justicia que quedara limpio su nombre.

El trabajador del SACtenía ante sí esa documentación y, según se desprende de lo apuntado desde la Policía, parece lógico que la diera por buena. En el comunicado hecho público se pone de manifiesto que el procedimiento parecía inocuo ya que «no se trataba de alterar físicamente documentos sino que, con documentación auténtica lo que se alteraba era la realidad de los datos que constaban. De esta manera la documentación generada era, a la vista del resto de administraciones, un documento que mostraba una realidad jurídica incuestionable».

Conocida la última detención desde el Ayuntamiento la concejala de Personal, Laura Torres, ha manifestado que «desde el Ayuntamiento defendemos la profesionalidad y honradez de conjunto de trabajadores y funcionarios municipales y, aun sin perjuicio de salvaguardar la presunción de inocencia de todas las personas, hemos colaborado y seguiremos haciéndolo con la policía para que pueda llevar a cabo la investigación. El Ayuntamiento no tiene nada que ocultar».

En términos muy similares se expresó el portavoz socialista, Miguel Ángel Adrián que, en una comparecencia ante la prensa por otras razones no rehuyó valorar lo sucedido.

Desde la comisaría mirandesa de la Policía Nacional se ha querido significar «la importancia de la colaboración que por parte del Ayuntamiento de Miranda, ha recibido para la conclusión de esta investigación». Una operación en la que aún se está analizando parte de la documentación intervenida.