El desacuerdo con Sepes por el precio de suelo de Orón puede retrasar esa obra de saneamiento

El desacuerdo con Sepes por el precio de suelo de Orón puede retrasar esa obra de saneamiento

Hernando lamenta quela «prepotencia» de la entidad pública impida que se pueda llevar a cabo la infraestructura

Cristina Ortiz
CRISTINA ORTIZ

El Ayuntamiento mirandés baraja llevar a la Comisión Territorial de Valoración de Burgos su desacuerdo con el Sepes sobre el precio de los terrenos que la administración local necesita expropiar u ocupar para llevar a cabo las obras de saneamiento de Orón, para que sea esa entidad la que decida. Una opción que retrasaría la ejecución de las obras «unos cinco meses», por lo que antes de plantearla la alcaldesa, Aitana Hernando, trató de acercar posturas en una reunión mantenida el miércoles en Madrid con el director de Producción de la empresa pública, Rodrigo Díez.

Pero el encuentro, al que acudió acompañada del secretario municipal, no dio los frutos esperados. La diferencia entre lo que ofrece el Consistorio y pide Sepes está lejos de acercarse. La Entidad Pública Empresarial de Suelo sí aceptó eliminar el IPC al precio que pagó por los terrenos en 2009 a los propietarios, un aumento que para el Ayuntamiento «carece absolutamente de sentido cuando el mercado inmobiliario no ha hecho sino bajar».

De todos modos, eliminado ese porcentaje, el coste sigue siendo «disparatado» para Hernando, que no se plantea abonar 68,8 euros por metro cuadrado de suelo rural; aunque el Sepes no aceptó rebajarlo más.

De ahí que, en estos momentos, la opción más plausible pase por recurrir a la Comisión Territorial de Valores de Burgos, máxime teniendo en cuenta que en un caso que aseguran es exactamente igual y que fue resuelto en mayo de este año, el organismo estableció «un justiprecio de 3,46 euros el metro cuadrado más el 5% de afección». Un valor que, tal y como se apunta, es «prácticamente el mismo que el ofrecido por el Ayuntamiento».

Las obras afectan a dos fincas del sector SUE R11 propiedad del Sepes, de las que necesita expropiar unos metros para colocar los pozos de registro; ocupar de manera permanente aquellos por los que va a pasar la tubería; y temporalmente, los afectados por las obras. Un requisito que el Consistorio ha valorado en 1.154 euros por tratarse de suelo rural con la actual ley. Una cantidad que ni se acerca a lo que pide la entidad pública: 32.000, estimado tomando como referencia «el precio por metro que pagó por los terrenos en 2009 a los propietarios para el desarrollo del Plan Parcial del Sector, al que ha sumado el IPC, que es lo que estaría dispuesto a quitar.

Suelo ahora rural

Y es que el organismo estatal considera esa zona edificable, por estar incluido en el sector de suelo urbanizable SUE-D. Un área que no se ha desarrollado, habiendo superado ya los plazos establecidos para ello, por lo que el Ayuntamiento entiende que han perdido esa condición que hace que aumente el coste.

Así las cosas, las estimaciones de cantidades del Consistorio se han establecido siguiendo los mismos criterios que con el resto de propietarios de suelo rústico. «Sepes pretende que se le pague por ocupación temporal el doble de lo que se paga la plena propiedad del suelo rústico, o el triple de lo que se abona por uso temporal en suelo urbano, lo que es inadmisible», insistieron.

Además, consideran que no tiene sentido que se paguen 38,01 euros por uso permanente en unos terrenos. Tampoco vería lógico Hernando pagar 7,60 euros el metro –el doble de lo que se paga al resto de propietarios por la plena propiedad– para indemnizar por ocupación temporal de los terrenos. Máxime cuando el suelo necesario para la obra está calificado en el Plan Parcial como viales y espacios libres, siendo de cesión gratuita al Ayuntamiento cuando éste se desarrolle.

Con el resto de propietarios, ya se ha llegado a un acuerdo de expropiación en base al precio establecido para suelo rústico y urbano. Si bien, falta un propietario, al que no ha sido posible localizar.

En la reunión también se solicitó a Sepes que autorizaran las ocupaciones para poder ejecutar las obras mientras se resuelve la determinación del justiprecio, algo que no supone perjuicio para la entidad «y que sería un buen ejemplo de colaboración entre administraciones públicas», pero la respuesta fue negativa.

«Parece mentira que una entidad pública que depende de Fomento obstaculice de esta forma una obra que quiere ejecutar otra administración pública. La autorización, hasta que se determine el justiprecio, habiéndose comprometido el Ayuntamiento a aceptar la valoración que dicha la Comisión Territorial de Valoración hiciera y a no recurrirla, era algo que a Sepes no le hubiera costado nada ni le suponía ningún perjuicio. Es una muestra de prepotencia que nos va a retrasar poder ejecutar las obras», zanjó Hernando.

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