Los bares del Polideportivo tienen una deuda con el Consistorio de 22.500 euros

Los bares de las instalaciones de Anduva cambiarán de gestores a partir del mes de octubre.
Los bares de las instalaciones de Anduva cambiarán de gestores a partir del mes de octubre. / A. G.

El PP solicita que se rescate el contrato pero el PSOE lo descarta para no dejar sin servicio a las piscinas de verano

ÓSCAR CASADO

El próximo fin de semana se cumplirá la primera quincena del mes de julio. Una época en la que poder ir a las piscinas de verano y tomar algo en el bar es uno de los pasatiempos por excelencia. Para que se pueda seguir realizando, el equipo de Gobierno ha decidido mantener la concesión que tiene firmada para los bares del Polideportivo desde hace casi cuatro años, a pesar de que los responsables deben 22.500 euros al Ayuntamiento.

La cifra la destapó en el último Pleno municipal el portavoz del Partido Popular, Borja Suárez, quién se mostró mucho más duro que el grupo socialista, puesto que su postura fue clara: iniciar el proceso para acabar con la concesión. Un movimiento por parte del Consistorio que podría dejar al bar de las instalaciones municipales con la persiana echada. Pero desde el PP la medida se ve cómo «ejemplarizante» teniendo en cuenta los impagos.

Las críticas de Suárez fueron mucho más profundas y tuvieron como objetivo principal al equipo de Gobierno. En este sentido, manifestó que la situación que se presenta tiene justificación en la falta de gestión del grupo liderato por la alcaldesa Aitana Hernando.

Para empezar, hay que echar la vista atrás, hace algo más de un año, en concreto al mes de septiembre de 2016, cuando se inició el expediente para la resolución del contrato. En ese momento, los que gestionan el servicio ya debían a las arcas municipales más de 12.000 euros. Además hay que sumar que por parte del Consistorio ya se había penalizado a los adjudicatarios con una multa de 1.001 euros por el incumplimiento del pliego de condiciones.

Un castigo que se tomó por la falta de limpieza de las instalaciones y como resultado se acusó, por parte de la Administración local, de una falta muy grave, aunque se les demandó la cantidad más baja estipulada en el contrato que podía haber ascendido hasta los 6.000 euros. En cualquier caso, parte del dinero de la multa se cobró del 450 euros de la fianza. Una cantidad que se requisó cuando se penalizó en noviembre de 2015 y que cuando se inició el estudio no se había devuelto.

Con este escenario, en el que había impagos y mala gestión, en septiembre de 2016 se inició dicho expediente para poder liquidar el contrato y que este verano ya hubiera otras personas al mando del servicio. Ese expediente, según explicó Suárez en el último Pleno «ha caducado», por lo que habría que empezar otra vez con el procedimiento. Pero en principio no se hará.

Uno de los motivos para que ese expediente no se culminase, estuvo en que por parte del Ayuntamiento se decidió acudir al Consejo Consultivo de Castilla y León. Un órgano que cómo su nombre indica no es vinculante, pero sí que tiene un cierto valor, por ejemplo si el conflicto termina en los tribunales.

En este sentido, la propia alcaldesa, Aitana Hernando, explicó que se había tomado este camino puesto que, desde el Ayuntamiento se quería justificar bien la decisión por si el asunto se judicializaba, y ahí entra el informe del Consejo Consultivo, en el que se dictaminó que «no procedía todavía la resolución por incumplimiento», afirmó la alcaldesa.

No obstante, Hernando reconoció que desde el departamento de Contratación se instó a llevarlo a una Junta de Gobierno, a pesar de la opinión del órgano regional, para acordar la resolución. Algo que «podríamos haber hecho pero no lo hicimos porque queríamos un informe jurídico que nos amparase», zanjó Hernando. Por lo tanto, la situación queda en que el contrato acaba este octubre, fecha hasta la que se mantendrá el servicio tal y como está, aunque no habrá prórroga. En un acuerdo que tiene un coste de casi 11.000 euros anuales.

Críticas

Esta es la decisión que se tomó por parte del equipo de Gobierno, aunque no hizo que se librara de las críticas. Suárez explicó que la gestión en este asunto había sido «absolutamente negligente» por entender que por parte del Consistorio había que haber movido ficha mucho antes. Entre otras cosas, se entendía que «había causa de resolución» para no llegar de esta manera al verano.

Por parte de Izquierda Unida, el concejal, Guillermo Ubieto, también se muestra crítico con la postura del grupo socialista. «Nos parece una irresponsabilidad e incapacidad de gestión», sobre todo, teniendo en cuenta las cantidades que ya se adeudaban en septiembre de 2016.

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