El Ayuntamiento prepara la demanda contra Adif por no ejecutar la obra de El Crucero

El Ayuntamiento prepara la demanda contra Adif por no ejecutar la obra de El Crucero

Desde el Consistorio recalcan que «se ha buscado por todos los medios alcanzar un acuerdo» antes de acudir a la vía judicial

Saioa Echeazarra
SAIOA ECHEAZARRA

El Ayuntamiento acudirá a la vía judicial para obligar a Adif que ejecute la obra de supresión del paso a nivel de El Crucero en virtud del convenio suscrito con el Consistorio en 1999 y la posterior adenda de 2006. La administración local, que ha cumplido su parte del acuerdo, advirtió que llevaría el caso a los juzgados si no se recibía propuesta de solución transcurrido un mes desde la última reunión celebrada en Madrid entre la alcaldesa, Aitana Hernando, y el presidente del ente, Juan Bravo.

Ese plazo se cumplió el pasado día 11. Al no tener respuesta, el Ayuntamiento prepara ya la correspondiente demanda, que se ha encargado que se empiece a redactar al servicio jurídico del área municipal de Urbanismo «para que sea un juez quien obligue a Adif a ejecutar el convenio, porque lo que tenemos clarísimo es que está obligado a hacerlo , y creemos que desde 1999 ha habido tiempo más que suficiente», subrayó la regidora. En la presente legislatura, recordó, han sido varias las ocasiones en las que se ha desplazado a Madrid y muchas más las que ha llamado y enviado correos electrónicos reiterando esta petición, y entiende que «ya está bien».

Desde el Consistorio se remitirá al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias un escrito «último» informando del inicio de acciones legales, por una parte por «cortesía» entre instituciones y administraciones, y por otra «para que quede claro en la vía judicial que el Ayuntamiento ha buscado por todos los medios alcanzar un acuerdo y evitar la vía judicial». Ese camino, reconoció la máxima responsable municipal, no es rápido «por eso no es el que más nos gusta, pero si vemos que pasa el tiempo, no se hace nada y Adif no termina de dar el paso definitivo para contratar de una vez por todas la eliminación del paso a nivel del barrio de El Crucero, el Ayuntamiento algo tiene que hacer. Y aunque la vía judicial no sea la más rápida está claro que Adif tampoco está siendo rápido cuando este convenio es de 1999».

Se pidió dinero municipal

En el último encuentro que mantuvo en Madrid Aitana Hernando, acompañada del Letrado Urbanista municipal, con el presidente de la empresa pública, desde Adif trasladaron que el escollo no radica en una falta de voluntad sino en la interpretación jurídica de la estipulación 3ª del protocolo adicional, que establece que en ningún caso se iniciarán obras cuyo importe exceda las plusvalías disponibles y cuyo coste íntegro no pueda afrontarse con cargo al remanente de las plusvalías pendientes de aplicar.

La alcaldesa replicó que la supresión de pasos a nivel es una obligación legal de Adif, así como la discrepancia jurídica con que se haga depender la ejecución de esta obra de la existencia o no de plusvalías derivadas de la ejecución de sectores urbanísticos. También puso de relieve el incumplimiento de la sociedad al no tener suficientes plusvalías pese a haber obtenido el 100% de los aprovechamientos urbanísticos establecidos en el convenio.

Desde el Administrador de Infraestructuras señalaron también que la normativa actual aplicable al sector ferroviario para la supresión de pasos a nivel implicaría la cofinanciación de ambas partes, teniendo que aportar dinero el Ayuntamiento, y la firma de un nuevo convenio.

Tanto por parte de la regidora como del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento se manifestó en ese momento la discrepancia política y jurídica con este extremo, así como que debe ser Adif quien ejecute y financie esta obra con su presupuesto, dado que el convenio es claro a la hora de marcar prioridades de destino de los aprovechamientos, así como los plazos para ello.

En esa reunión Adif también trasladó que existe un proyecto redactado en 2013 que debe contar con el visto bueno de la Demarcación de Carreteras y que debe verificar la adaptación de dicho proyecto de 2013 a la normativa vigente en el momento actual.

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