El Ayuntamiento deja de ingresar 12.500 euros al caducar el cobro de una sanción a la UTE de limpieza

Una máquina barredora limpia las calles de la ciudad.
Una máquina barredora limpia las calles de la ciudad. / A. GÓMEZ

También deberá devolverle 2.700 euros detraídos de forma indebida por otra sanción tras dar el juez la razón a la empresa, según denuncia el PP

Saioa Echeazarra
SAIOA ECHEAZARRA

Dos procedimientos sancionatorios por parte del Ayuntamiento contra la UTE que se encarga del servicio de la limpieza en la ciudad implicarán que las arcas municipales dejen de ingresar cerca de 16.000 euros tras dictarse dos resoluciones judiciales desfavorables. En uno de los casos, tal y como desvelaron ayer desde el grupo municipal del PP, a raíz de la inactividad de una barredora (por avería) durante 98 días entre el 19 de marzo y el 25 de junio del 2015, el Consistorio intentó detraer la cantidad de 12.573,05 euros. Pero tras recurrir la UTE a los juzgados, en la sentencia se declara la caducidad del expediente ya que, pese a que la demandante no niega los hechos (salvo en el tiempo de paralización, que cifra en 71 días en lugar de 98), alega que ha expirado el procedimiento de detracción en tanto que la resolución por la que se incoa el proceso le fue notificada en septiembre de 2015 y la resolución final no se notifica hasta mayo del 2016, es decir, 8 meses después.

Por su parte, el otro procedimiento corresponde a la detracción de dinero por importe de 2.757,99 euros llevada a cabo por la «inferior calidad detectada en la prestación del servicio durante los meses de julio a octubre de 2015».

A raíz de esta sanción, la UTE demandó al Ayuntamiento y el juez le dio la razón declarando su derecho a la devolución de la cantidad indebidamente detraída, condenando a la administración local al abono de dicha cantidad más los intereses generados. El dictamen argumenta que el Consistorio llevó a cabo una modificación «unilateral» del contrato sin que esta opción estuviera contemplada en el pliego de condiciones.

En prórroga forzosa

La suma de ambos expedientes, de los que se da cuenta en Junta de Gobierno Local esta semana «tras haber sido notificado en febrero», suponen «casi 16.000 euros que el Ayuntamiento podía haber detraído a la UTE y encima tenemos que pagar intereses. Nos parece algo irrisorio, que produce sonrojo y que es una radiografía de la tensión con la que trabaja el equipo de gobierno», lamentó el concejal Sergio Montoya, quien recordó que el contrato lleva en prórroga forzosa desde el 31 de diciembre de 2016. «Una vez más, vemos cómo el juzgado da la razón a la UTE en contra de los intereses del Ayuntamiento y de los intereses de todos los mirandeses».

«¿Cuál es el interés del equipo de gobierno en mantener un contrato con una empresa con la que dejan voluntariamente caducar los expedientes de sanción? Queremos que nos lo aclaren», exigió el portavoz Borja Suárez, criticando un servicio que «sigue siendo el mismo y no ha mejorado», así como la «desidia, y desinterés del equipo de gobierno en sacar el nuevo pliego».

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