La duración del contrato del urbano siembra dudas en el PP

Uno de los principales puntos de incertidumbre está en el periodo de concesión. Si bien inicialmente se fijó en 10 años (la última vez que se sacó el pliego se tuvo que retirar para reducirlo de 14 a 10), «ahora la propuesta es de 14 años, y existe una norma de la Unión Europea sobre servicios públicos de transporte que no los permite licitar por más de diez años con 5 de prórroga (el 50% del tiempo de licitación). Es una duda muy significativa que ninguno de los concejales ni técnicos municipales nos supieron responder en comisión. No es una crítica, queremos que se estudie con tiempo y el pliego se saque cuanto antes, pero bien, porque vemos grietas».

Todo ello «influye a la hora de estudiar amortizaciones, pagos y parámetros que están sin especificar y tienen que guiar este contrato». Y es que «también tenemos serias dudas sobre los periodos de amortización, las horas de uso del servicio, las subrogaciones, las bonificaciones que se van a implantar a la empresa si cumple con un numero de usuarios», expuso el edil. Otro de los problemas que ven en el PP es que en el ámbito económico «se siguen estableciendo como techo de gasto los 288.000 euros que se han pagado en los últimos años».

Aparte de no aumentar esa cuantía, «se piden mejoras que cuantificamos entre 600.000 y 1 millón de euros en función de la pericia de la futura empresa adjudicataria, ya que tiene que comprar 2 autobuses, cambiar 25 marquesinas, gastarse 7.500 euros anuales en publicidad e instalar wifi y GPS». Se trata de medidas muy positivas para los populares, pero «es muy difícil sacar unos pliegos a licitación con el mismo precio de los últimos años cuando se han dado pérdidas en los pasados ejercicios y encima les pedimos que aumenten el gasto desde los 600.000 euros y no sabemos si con una amortización de 10 o de 14 años. Es imposible que todas estas mejoras puedan ser sufragadas por una empresa que dice que tiene pérdidas en la gestión de autobuses».

Según el concejal, hay más inexactitudes en el planteamiento presentado por el PSOE. «Hablan de un porcentaje de bonificaciones si aumenta el número de usuarios a partir de un 2,5%, cosa que nos parece bien, pero no están bien recogidas en el pliego, vienen sin especificar en lo económico y habría que dejar mejor cerrado cuál sería esa repercusión en la empresa» .

Ante esta situación, Montoya demandó elaborar un estudio de viabilidad «a través de una colaboración público-privada donde se analice a qué horas se usa más y menos, en qué líneas hay que reforzar o reducir frecuencias» y otros aspectos, todo a fin de obtener «un servicio que aunque tenga pérdidas, sea socialmente rentable».

«Faltan datos del 2016»

«Una ciudad como Soria expuso el edil popular se gasta medio millón de euros en el servicio de transporte público urbano con grados altísimos de satisfacción, y aquí pretendemos hacer lo mismo con 288.000. Esto debe ser estudiado, debatido, juntarnos todos los grupos políticos con empresas especialistas de Miranda que seguro que nos pueden plantear sugerencias para aumentar el número de usuarios. Hay que buscar la mejor gestión».

Para ese estudio, sin embargo, «hacen falta las cifras de usuarios de 2016», cosa que no refleja el contrato, donde solo aparecen los de 2015. Ese es uno de los fallos que denuncia el PP. En ese ejercicio, detallaron desde la formación, hubo un total de 430.020 usuarios, cuando el curso anterior fueron 483.190. La línea 2 registró hace dos años 45.533 pasajeros, mientras que la 1 la utilizaron 384.487 viajeros. En 2014, 435.822 usuarios se desplazaron en la Línea 1, a los que se sumaron los 47.368 de la 2. Los populares destacaron que en el 2012 hubo 640.850 viajeros, con una subida de un 25% respecto al año anterior y bajada del 24% respecto al siguiente. En los últimos cinco años «se han perdido 193 pasajeros al día».

«No queremos que se repitan casos como el del pabellón C, una concesión problemática que ha generado una compensación de más de 90.000 euros con cargo a los bolsillos de los ciudadanos; no queremos que pase como con la limpieza, donde nos gastamos 2,7 millones y tenemos las calles sucias. No queremos que contratos se prorroguen», insistió Montoya.