El Correo

Las Cortes se unen para pedir al Gobierno la creación del tercer juzgado en Miranda

El volumen de casos al que se enfrentan los titulares de los dos juzgados de Primera Instancia de Miranda genera retrasos que afectan a miles de ciudadanos.
El volumen de casos al que se enfrentan los titulares de los dos juzgados de Primera Instancia de Miranda genera retrasos que afectan a miles de ciudadanos. / AVELINO GÓMEZ
  • La iniciativa, apoyada por todos los partidos a instancias del PSOE, la llevan reclamando el municipio, los letrados y el TSJ desde hace años

La creación de un tercer juzgado de Primera Instancia es algo que el municipio, los abogados y la sociedad mirandesa en general llevan demandando desde hace más de una década, sin olvidar el hecho relevante de que también lo solicita el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuya memoria refleja en cada ejercicio que la acumulación de asuntos que llegan a las dos salas de la ciudad es cada día mayor. Esta reivindicación cosechó ayer el respaldo de todos los grupos en las Cortes autonómicas, que reclamaron al Ejecutivo central la implantación de nuevos juzgados tanto para Miranda como Aranda. La Comisión de Presidencia apoyó de forma unánime esta Proposición No de Ley del PSOE que, en lo que al primer caso se refiere, defendió la parlamentaria Virginia Jiménez.

La ampliación de salas judiciales en la ciudad, refirió, supone una necesidad «imperiosa y muy demandada», y es muy importante que la Junta inste al Ministerio a aplicar esta medida. «Llevamos solicitándolo más de diez años», recordó. Esta exigencia ciudadana procede de diversos ámbitos y tiene su reflejo en la constante petición formulada por el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, que subraya la necesidad de dotar a la ciudad de dicho juzgado en cada resolución anual.

Como remarcó la procuradora socialista, la ausencia de ese refuerzo se traduce en el «colapso» de demandas así como en listas de espera y retrasos en las sentencias. Y es que «los magistrados no dan abasto». Ampliar salas, a la vez que incrementar medios humanos y materiales, significaría, por tanto, «ir desatascandoese desbordamiento de asuntos judiciales que hay en nuestros juzgados» y, por ende, un beneficio para miles de ciudadanos. Con la aprobación de esta demanda, la Junta debe instar al Ejecutivo central a que agilice todos los trámites necesarios para que se decida instaurar la tercera sala en el municipio.

«Es un paso importante, por lo menos el reconocimiento del Gobierno regional, sobre todo del PP, que vea que es cierto que hay una una demanda de toda la sociedad y no únicamente del TSJ. Ya no solo es un partido político el que lo pide sino una institución como las Cortes regionales», valoró. Citando las resoluciones del presidente del TSJ, Jiménez agregó que «desde 2010 no se crea ningún juzgado ni de lo Social ni de lo Contencioso en toda la región». Con el nuevo Gobierno en marcha y la elaboración de los presupuestos de 2017, «es ahí donde se tendrá que materializar esta petición». Respecto a los posibles plazos que pueda seguir el proceso, será «cuestión de semanas» que la Junta dé traslado de la proposición a Justicia. Apartir de ahí «está en manos del Ministerio».

Además de dotar ese tercer juzgado de magistrados, tanto de Primera Instancia como de Instrucción (para asuntos civiles y penales), amén del personal administrativo correspondiente, la incorporación de más recursos para Miranda tendría la ventaja de que «ya disponemos del espacio físico porque hace unos años se desalojó la Comisaría y se trasladó a una nueva ubicación».

Problemas por el traslado

Jiménez ilustró con cifras lo defendido respecto a 2014 en cuanto al número de casos pendientes en los dos juzgados de Miranda, que era de «474 en la jurisdicción contenciosa sobre un total de 1.598 en toda la provincia; de 80 sobre 300 en derecho de Familia; de 962 sobre un total provincial de 2.544 en asuntos penales; de 50 sobre 190 en violencia sobre la mujer en el ámbito penal; y otros 4 sobre 40 en el ámbito civil».

Al mismo tiempo «siguen los problemas derivados del traslado de los juicios penales a Burgos hace más de 5 años». Una decisión que conllevó el desplazamiento a la capital de abogados, guardias civiles, policías nacionales y locales, acusaciones particulares, inculpados, acusados o encausados y testigos, lo que se tradujo en una importante reducción de los ingresos para la localidad.

La PNL se debatió en un único punto donde se pedían más juzgados para Aranda, Benavente y el conjunto de la región, proposiciones que salieron adelante por unanimidad.

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