El Correo

Llevan ante la Fiscalía la gestión concursal de Rottneros

  • Ganemos quiere que se determine si la actuación de los administradores y el procesado de residuos pueden ser constitutivos de delito

Tras anunciarlo hace algunas semanas, el grupo municipal de Ganemos Miranda ha presentado ya ante la Fiscalía una denuncia para que investigue si la actuación de los administradores concursales y el procedimiento seguido para el desmantelamiento de la empresa Rottneros podrían ser constitutivos de algún tipo de delito. La formación quiere que se determinen las responsabilidades jurídicas que se puedan derivar por "la contaminación del suelo" y por la labor, a su juicio, irregular que están llevando a cabo los administradores.

El escrito presentado el pasado día 18 ante el Ministerio Fiscal recuerda que la entidad mercantil presentó en 2009 solicitud de concurso voluntario, y tras fijar los activos y pasivos, se abrió la fase de liquidación. Sin embargo, seis años más tarde, "se ha producido un absoluto descontrol" tanto en la determinación como en la venta de estos activos, al tiempo que "la deuda va creciendo mensualmente, lo que ha perjudicado de manera importante a los acreedores", denuncia el portavoz José Ignacio Redondo.

Actualmente, señala el documento, "la fábrica es un solar, sin edificación alguna". Ante la imposibilidad de vender el conjunto completo, "los administradores suscribieron dos contratos con Biomasa Miranda y Eriberri". Con la primera "el contrato sufrió modificaciones y se ha procedido al resolver el mismo sin que la concursada haya recibido cantidad alguna". En cuanto a Eriberri, "no existe constancia de las cantidades acordadas y por el contrario figura una deuda a su favor por importe de más de 1,8 millones de euros".

Desde Ganemos recalcan que, en general, "se adeudan más de 3 millones a los trabajadores" mientras que "los administradores sí cobran; solo les interesa eso". Los empleados afectados son, según recuerdan desde la agrupación, unos 160. Sobre la gestión de los residuos "tóxicos y peligrosos" que existen en la fábrica, mantienen su preocupación por la posibilidad de que ante posibles lluvias torrenciales esas sustancias puedan llegar a través del subsuelo a los acuíferos. Un aspecto en el que creen que tendría que tomar cartas también el Ayuntamiento, aunque sea un tema de responsabilidad regional.

"Se ha obviado la gestión de esos residuos a pesar de los requerimientos efectuados por la administración pública expresamente a los administradores, sin que en ningún caso hayan contestado ni llevado a cabo actuación alguna", apunta el portavoz de Ganemos. Además, "la necesidad de contratar con posterioridad el contrato de derribo la gestión de los residuos ha supuesto un desembolso a mayores".

Otra de las disposiciones de la denuncia recuerda que en los citados contratos "se acordaba que los compradores se hacían cargo de parte de los gastos de vigilancia y seguridad, sin embargo, en los informes figuran desembolsos por estos conceptos".

Oferta de compra rechazada

También reseñan en el documento que "iniciada la fase de liquidación se presentó una oferta de compra de solares y edificios por parte de Cespa Recuperaciones Industriales que nunca fue tenida en cuenta, sin que exista en la documentación argumentación para ello". Es más, "no se sabe ni tan siquiera si fue motivo de estudio", tratándose de "una oferta en firme que de haberse aceptado hubiera puesto fin al procedimiento en el año 2011, evitando la generación de nuevas deudas".

Como conclusión, "no existe razón alguna para que la liquidación se haya prolongado más de 6 años y medio y que a lo largo de este periodo estemos en la posición de inicio, habiendo rechazado una oferta en firme y modificando una compraventa sin futuro en la que solo se asumen obligaciones". "No hay cuentas exactas de lo que se vende y lo que se ingresa". A partir de ahora, transmitió Redondo, "esperamos que la justicia actúe".

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