El Punto de Encuentro se libra del cierre al obtener una mayor subvención

Cerca del 80% del coste del servicio depende de la Junta, que este año ha aportado un millón de euros. Cuantía insuficiente para que el colectivo que se encarga de los Puntos de Encuentro Familiar pueda hacer frente al pago de un complemento salarial del 25% por trabajar sábados, domingos y festivos. Una medida introducida en el convenio colectivo estatal de acción social aprobado en julio y que también contempla la posibilidad de compensar a la plantilla con horas libres.

Pero que en Castilla y León esa fórmula resulta inviable, ya que «el personal disponible es el justo para atender el servicio», aseguró la presidenta de la asociación, Marisa Sacristán. De ahí que optaran por solicitar a la administración regional una ampliación de la partida económica destinada a este servicio, a la que en 2012 ya se había aplicado un recorte del 19,3%, que se ha mantenido hasta la actualidad.

Y fue ayer mismo cuando la Gerencia Regional de Servicios Sociales confirmó a Aprome que destinará 160.000 euros más a garantizar el mantenimiento de la red. «Han podido contemplar este complemento y vamos a seguir adelante en las mismas condiciones», reconoció Sacristán.

Una noticia que automáticamente va a servir para reactivar la renovación del convenio que la entidad y el Ayuntamiento mirandés tienen pendiente desde el día 1. Si todavía no se había firmado es porque la propia asociación había solicitado al Consistorio que pospusiera el plazo de renuncia de convenio, hasta saber con qué dinero iban a contar.

De no haber recibido una respuesta positiva, cuatro de las sedes hubieran tenido que echar el cierre. Las primeras damnificadas hubieran sido las sedes vallisoletanas de Laguna de Duero y Medina del Campo, junto a las de Aranda y Miranda, pese a que Sacristán reconoce que la de Burgos ya está saturada, con lo que allí difícilmente se podrían haber asumido casos derivados de las dos ciudades. Sin olvidar que aquí también se atiende a familias de La Rioja Alta.

Un problema de gestión y organización al que habría que añadir otro más complicado de solventar, porque «alrededor de la mitad» de los 31 casos que se atienden en estos momentos está vinculado, o lo han estado, a una orden de alejamiento dictada por los juzgados. Sacar a un víctima de violencia de género de su entorno de confort, recuerdan desde Aprome, puede suponer un aumento del riesgo. Tampoco hay que desdeñar la distancia, los kilómetros que separan Miranda de la capital.

En la ciudad, el Ayuntamiento para evitar ese traslado asume el coste de la sede y su mantenimiento. Hace frente a las facturas de limpieza, electricidad y teléfono; si bien, la alcaldesa, Aitana Hernando, apuntó ayer antes de conocer que la Junta ampliará la subvención que Servicios Sociales estudiará «qué más se puede hacer».

El objetivo municipal pasa por garantizar la pervivencia de una dotación que desde la perspectiva judicial se valora como un recurso «imprescindible para que los jueces puedan garantizar el derecho de visitas de los menores con sus progenitores», incidió Hernando; sin olvidar la labor de asesoramiento y mediación que realizan.