El Pcas acusa a la Junta de ocultar pruebas sobre la intoxicación

La demanda pretende que la Justicia investigue si se siguieron escrupulosamente los diferentes y exhaustivos protocolos sobre manipulación de los alimentos, conservación de productos, limpieza de equipos y utensilios... tanto por parte de los trabajadores, como de la dirección del centro. También se pide conocer los procesos de control de la calidad de los productos y materias primas adquiridos a los proveedores.

Y es que la formación está convencida de que los responsables de la Junta y la Gerencia de la Residencia «han intentado ocultar información relevante que podría arrojar luz» sobre el caso de intoxicación alimentaria por la ingestión de comida en mal estado.

Una forma de actuar que el Pcas cree «inadmisible» por parte de los responsables de las Consejerías de Sanidad y de Familia, así como de la propia residencia, que llegaron a calificar de «accidente» el grave suceso y de «fallecimientos por causa natural», los dos decesos.

Así mismo, los responsables de la formación castellanista consideran difícil de justificar que ni los responsables del centro ni de la administración regional informaran a los médicos, en el momento del ingreso en el hospital de los dos ancianos más graves, de que ambos procedían de la residencia y que en la misma se había producido una intoxicación alimentaria.

Una información que, en opinión del Pcas, resultaba «esencial para esclarecer las causas de las dolencias y optimizar tanto la idoneidad del tratamiento como el diagnóstico de sus patologías».

Otras inspecciones

Los castellanistas reclaman también en su denuncia, que se proporcionen las fichas generadas en las inspecciones habituales o de oficio, así como en otras de carácter excepcional, que se hayan podido cursar a los largo de los últimos años.

Por otro lado, el CSI-F ha denunciado públicamente la supresión de un puesto de oficial de segunda en el centro de educación infantil en Nuestra Señora de Altamira. Es uno de los 13 empleos de mantenimiento, servicios o sanitarios que se van a eliminar en la provincia. La cifra se eleva hasta 68 en la región y la amortización apareció publicada ya en el Boletín Oficial de Castilla y León el día 21.

«La estrategia es la de quitar plazas que consideran que no tienen actividad suficiente, por lo que parten de que una persona puede atender varios centros. Quizá se trate de pequeños arreglos pero hay que resolverlos en el momento, porque estamos hablando de niños. Por eso, estaremos atentos a cómo funcione el servicio en los próximos meses», explicaron desde el sindicato.