El Correo
Pedro Sanz, durante una comparecencia ante los medios en el Senado
Pedro Sanz, durante una comparecencia ante los medios en el Senado / EFE

Sanz afirma que el auto sobre el Plan General de Villamediana «carece de soporte jurídico»

  • El expresidente augura que la causa que incluye su chalé será archivada, mientras Ciudadanos le exige que dimita «por ética y responsabilidad»

El expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, rompió ayer un silencio de más de veinticuatro horas en relación al auto de la jueza de adscripción territorial del TSJ, Rosa Esperanza Sánchez, en el que amplía las diligencias sobre seis concejales de Villamediana de Iregua –entre ellos el actual alcalde, Rubén Gutiérrez–, el exregidor del municipio, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) y los promotores de las viviendas ilegales –entre las que se incluye la suya propia– para averiguar su responsabilidad en la posible comisión de varios delitos de urbanismo y prevaricación administrativa.

Las primeras palabras de Sanz sobre el asunto las pronunció en el Senado –cámara de la que es vicepresidente primero– y no transmitían, precisamente, preocupación por su parte. De hecho, señaló que el auto de ampliación de las diligencias «no tiene soporte jurídico», augurando que «lo más probable» es que la pieza abierta por la juez Sánchez acabará siendo archivada, ya que «va a haber mucho ruido y pocas nueces».

El expresidente y senador recordaba ayer que el Plan General Municipal (PGM) de Villamediana se aprobó sin ningún informe en contra, que «nadie lo ha recurrido y, por tanto, está todo en vigor». «Lo triste es que digan que este Plan se aprueba porque estaba ahí Pedro Sanz o un político», prosiguió Sanz, quien tiraba de ironía: «Pues qué agradecido tiene que estar todo el pueblo a Pedro Sanz por estar ahí».

El vicepresidente primero del Senado eludió corresponder al secretario general del PSOE de La Rioja, César Luena, que anteayer le instaba a dar explicaciones sin esperar al requerimiento del juzgado, al tiempo que le acusaba de «instigar a la legalización de su chalé cometiendo un delito de prevaricación, empujando a que cometieran un delito de prevaricación a los concejales que aprobaron el PGM y a todos los miembros de la COTUR de su propio Gobierno».

«El señor Luena para mí no existe, me da lo mismo; no voy a entrar en el ‘pim pam pum’ político», dijo desde la Cámara Alta, agregando su deseo de que «ya vale de enredar, que actúen los jueces o a quien corresponda y no manipulemos ni hagamos daño».

Tampoco respondió el expresidente a la petición que, minutos antes, le realizaba Ciudadanos en relación al auto de la juez Sánchez. «El señor Sanz debería dimitir como senador por designación autonómica sin esperar a ser imputado; por ética y por responsabilidad política», señalaba la coordinadora regional de la formación ‘naranja’, María Luisa Alonso. «Es un senador que ha perdido absolutamente la confianza de toda la oposición y así se lo han trasladado los grupos parlamentarios», agregó.

«Dimisiones inmediatas»

Alonso comparecía ayer en compañía del portavoz del grupo municipal de C’s en Villamediana de Iregua, Modesto Fernández, quien exigió las «dimisiones inmediatas» de los cuatro concejales (sobre los cinco que componen la Junta de Gobierno) que aún permanecen en el Consistorio y están siendo investigados por la juez. Para ello, Fernández se apoyó en el acuerdo de investidura suscrito entre su partido y el PP hace un año y medio, que propició que Tomás Santolaya (también investigado) afrontara una nueva etapa en la Alcaldía.

En el acuerdo se recoge que hay que «separar de inmediato de cualquier cargo público (...) a cualquier persona que resulte imputada en un caso de corrupción política hasta la resolución completa del proceso judicial».

Así, si no dimiten el actual alcalde, Rubén Gutiérrez y los ediles Adelina Martínez, Elena Suárez y María Julia Olarte, Ciudadanos baraja dar «por roto» el acuerdo de gobernabilidad en el municipio.

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