El Correo

El PSOE reclama en el Parlamento una comisión de investigación sobre el chalé de Sanz

Exterior del chalé de Pedro Sanz en las inmediaciones de Villamediana
Exterior del chalé de Pedro Sanz en las inmediaciones de Villamediana / JUSTO RODRÍGUEZ
  • Se apoya en la resolución judicial que ve motivos «espurios» en la aprobación del Plan General para legalizar la vivenda del expresidente

Muchas han sido hasta la fecha las denuncias públicas sobre las sospechas que el PSOE tenía acerca de los verdaderos motivos que llevaron al PP de Villamediana –con el voto ‘in extremis’ de un edil regionalista– a aprobar el Plan General Municipal de Villamediana que incluía la legalización de 69 edificaciones preexistentes en sectores diseminados, entre ellas el chalé del expresidente regional y actual vicepresidente primero del Senado.

PSOE e IU habían pasado incluso al ámbito judicial y habían presentado una denuncia por prevaricación contra el Ayuntamiento de Villamediana para esclarecer precisamente los motivos que llevaron a sacar adelante el Plan. Lo hicieron por la vía Contencioso-Administrativa hace más de dos años, la denuncia fue admtida y nada se sabe todavía de la sentencia.

El auto conocido ayer, esta vez en el ámbito Penal y firmado por la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño el pasado 20 de octubre, es un nuevo capítulo para una historia que parece interminable. A instancias de la Fiscalía y apoyada en atestados de la Unidad del Seprona de la Guardia Civil, la resolución de la magistrada considera investigados al exalcalde de Villamediana, Tomás Santolaya, así como a los cinco ediles de su grupo municipal –entre ellos el actual alcalde de la localidad, Rubén Gutiérrez– y al concejal del PR+ Antonio García Royo, por haber aprobado en sesión plenaria el Plan General que permitió la legalización del chalé de Sanz y de otras 68 construcciones.

También imputa a los responsables de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, que presidía en 2013 la directora general de Urbanismo y Vivienda, María Antonia Ortigosa Santolaya. Cree que han podido cometer un delito contra la ordenación del territorio.

Conocido el auto, el secretario de Organización del PSOE en La Rioja anunció que su grupo parlamentario presentó ayer una solicitud en el Parlamento regional para constituir una comisión de investigación que esclarezca los términos recogidos en el auto.

La resolución judicial habla textualmente de la necesidad de averiguar «si esa decisión discrecional del planeamiento municipal se ha basado en motivos espurios que anteponen la voluntad de quienes votan a favor de la aprobación del PGM a las disposiciones de la Ley por permitir la legalización de la vivienda familiar autónoma del entonces presidente del Gobierno de La Rioja». Y añade que, si así fuera, «sería un delito de prevaricación».

La resolución de la magistrada ve también «una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino para favorecer a una persona y a unos intereses en particular» el hecho de que se incluyeran en febrero de 2013 en el Plan General las 69 edificaciones que no se habían introducido con anterioridad.

Ocón, desde la sede socialista de Ferraz y en calidad de miembro de la gestora nacional del PSOE, insistió ayer en que el auto «es demoledor» porque «constata que Sanz edificó un chalé en un lugar donde no podía hacerlo y se puso en marcha un encadenamiento de acciones por las que el expresidente utilitó al Gobierno, al Parlamento y al Ayuntamiento de Villamediana en beneficio propio».

El secretario de Organización de los socialistas riojanos pidió explicaciones al PP de La Rioja, que actualmente preside Pedro Sanz, y tabién al presidente regional José Ignacio Ceniceros. «El asunto tiene alcance nacional porque Sanz es vicepresidente del Senado, pero queremos saber si van a seguir encubriéndolo en el ámbito regional». Además, apeló al pronunciamiento del presidente Mariano Rajoy.

Diego Ubis, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento regional, no consideró ayer de tanta gravedad el auto judicial. Aseguró que la juez «no dice que se imputa a Sanz, sino a los concejales del Ayuntamiento de Villamediana y a la antigua directora general de Vivienda, por lo que todo está en el aire, hay que dejar actuar a la Justicia y no conviene adelantarse». Eso sí, Ubis recordó que la postura de Ciudadanos es clara y que, «si hay imputados por corrupción política no pueden ostentar cargo público».

Para Ciudadanos se abre además una nueva crisis, puesto que el actual alcalde de Villamediana, Rubén Gutiérrez, sí que es uno de los investigados por la magistrada y el Ayuntamiento de la localidad cuenta con el apoyo de la formación naranja, al no haber obtenido el PP mayoría absoluta.

Ciudadanos deberá resolver este dilema cuando la petición de creación de la comisión de investigación llegue a la mesa del Parlamento para ser aprobada o rechazada. El PSOE necesita el apoyo de la formación naranja y de Podemos para sacar adelante la propuesta y reavivar en las instituciones públicas el caso del chalé de Sanz que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en el ámbito penal.

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