El Correo

El Gobierno mantiene conversaciones con empresas interesadas en comprar Unipapel

  • Salud reafirma su intención de «control» del parking oeste del San Pedro y garantiza la gratuidad para el «uso sanitario»

El Ejecutivo riojano mantiene contactos con empresas nacionales e internacionales para «hacer lo posible» por que la planta de Unipapel «continúe siendo viable». Así lo anunció la consejera de Desarrollo Económico, Leonor González Menorca, en una respuesta a una pregunta oral en la que el parlamentario socialista Ricardo Velasco instaba al Gobierno a buscar una «solución viable» para el futuro de la planta riojana de Unipapel durante la sesión plenaria de ayer. «No tenemos la intención de hacerles responsables del problema de la empresa, pero sí queremos que busquen una solución», le transmitió a González.

Además de la posible compra de la planta riojana, la consejera también anunció que el Gobierno regional ha intervenido para que los trabajadores de la empresa puedan cobrar la prestación de octubre, que en un principio no iban a recibir porque Springwater no había pagado a la empresa encargada de enviar los datos a la Administración Pública. De esta forma, la plantilla recibirá esa cuantía en el mes de diciembre.

González aseguró que el papel de la Consejería está en «intermediar entre las dos partes respetando su independencia», que es el momento de ser «cautos» y que hay mantener la estrategia que el Gobierno está llevando a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de Logroño. También insistió en que, desde que tomó posesión de su cargo, ha llevado un «estrecho seguimiento» al caso de Unipapel.

Otro de los temas de actualidad de la región, el parking oeste del Hospital San Pedro, también estuvo presente en el pleno. La consejera de Salud, María Martín, ratificó ayer la intención de «regular» el estacionamiento para garantizar un uso únicamente sanitario. Es decir, que continuarán con la instalación de barreras y con la aplicación del sistema para cobrar a los usuarios que no demuestren que han aparcado por motivos relacionados con el hospital. El sistema podría entrar en vigor en cualquier momento, ya que la Consejería había situado la puesta en marcha para finales de este mes.

«El DNI, el apellido del paciente… en fin, un enredo a base de tickets descuento como en el supermercado que lo único que va a hacer es complicar su uso a los ciudadanos», le espetó el portavoz de Podemos, Juan Calvo.

En cuanto a otros asuntos, el pleno aprobó, con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del Partido Popular, ampliar el servicio de teleasistencia a todas las personas mayores de 85 años que lo soliciten sin que tenga coste alguno para ellos. Hasta la fecha este servicio es gratuito para las personas dependientes, mientras que para el resto requiere un pago de 35 euros. En la actualidad en torno a 3.600 riojanos lo utilizan, de los que cerca de 2.500 son dependientes.

Antes de la votación Podemos –que fue el promotor de la iniciativa– rechazó una enmienda del Partido Popular que requería que, para activar el servicio a los usuarios, estos deberían contar con la aprobación de los Servicios Sociales competentes. «El mero hecho de tener 85 años ya es razón para que se considere que son personas más propensas a caídas o a necesitar ayuda», explicó la parlamentaria de la formación morada, Natalia Rodríguez, a la hora de rechazar la enmienda.

El Ejecutivo, para cumplir con la proposición, deberá extender el servicio a los más de 11.000 mayores de 85 años que estén interesados, a los que tendría que facilitar servicios de teleasistencia fija, móvil (dispositivo de aviso colgado al cuello) y periféricos, como por ejemplo controladores del gas.

El pleno también dio luz verde a una propuesta del grupo Ciudadanos que busca «ahondar en las políticas de ahorro para reducir el consumo y reutilización del agua», así como emprender la regulación de los ríos siguiendo criterios «ecológicos y medioambientales». Antes de aceptar una enmienda del Partido Popular, la propuesta especificaba que no se podría utilizar «hormigón» en las obras, una puerta que los populares no quisieron cerrar en caso de ser «estrictamente necesario».

El PSOE también aportó una enmienda en la que solicitaron un estudio sobre las necesidades «reales y actuales» del consumo de agua en la comunidad autónoma. Los socialistas incidieron en conocer la necesidad en la cuenca del Oja-Tirón.

El consejero de Medio Ambiente, Íñigo Nagore, respondió a los grupos que por supuesto está de acuerdo en «concienciar a la población» sobre el ahorro y el consumo responsable de los recursos, pero que el estudio al que la propuesta hace referencia «ya está hecho».

Jornada laboral reducida

El Gobierno de La Rioja también deberá instar al Ejecutivo nacional a que en los seis primeros meses de la nueva legislatura inicie conversaciones con el resto de partidos para alcanzar un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral. Algunas medidas que apuntó y defendió el portavoz del grupo Ciudadanos, Diego Ubis, pasan por la finalización de la jornada laboral con carácter ge neral a las seis de la tarde o la ampliación de la duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos en el caso de familias numerosas y/o menores dependientes.

Rebajar el absentismo

«La productividad no se mide por las horas que uno pasa en su puesto de trabajo», declaró Ubis, que señaló que España necesita «un cambio cultural, por salud, porque supone prevención de enfermedades laborales, porque aumenta la productividad y rebaja el absentismo».

Podemos fue el único grupo parlamentario que se abstuvo frente al resto que la apoyaron, porque para este partido es necesario un plan específico para La Rioja.

Ana Carmen Sainz, parlamentaria de la formación morada, señaló que la conciliación es «una prioridad», pero consideró que el camino pasa por «reducir la jornada semanal a las 35 horas».

Otra de las proposiciones no de ley que obtuvieron la luz verde fue la creación de una línea de crédito dirigida a los ayuntamientos para favorecer el ahorro energético en los alumbrados públicos.

Además, el consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez, anunció que no está previsto a «medio plazo» que los trabajadores del 112 pasen a formar parte del cuerpo de funcionarios. El consejero aseguró que se han tomado medidas en el nuevo contrato del servicio –que entrará en vigor en enero– para proteger y aumentar los derechos laborales de estos trabajadores. Entre otros aspectos, la nueva adjudicación contempla la posibilidad de rescindir el contrato en caso de impagos a la plantilla, horas de formación, restablecimiento del sistema de suplencias e incorpora un programa de incentivos para los trabajadores.

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